¿Qué se hace con los coches y barcos incautados a los narcos gallegos?

La pasada semana, la Xunta mantuvo una reunión con el Colegio de Procuradores de La Coruña y con la Fundación Gallega contra el narcotráfico (FGN). Desde el año 2015, se estableció una colaboración entre las tres con la intención de mejorar la gestión de los bienes incautados en delitos de narcotráfico de Galicia.

De esta manera, estas incautaciones tienen un destino a mejorar la sociedad y poder usar los recursos de una manera más eficiente.

Tal y como relata Fernando Alonso, gerente de la FGN, sus intenciones son tres: la primera es servir de ejemplo a aquellos delincuentes que creen que el narcotráfico merece la pena. La segunda, que se evite tener que esperar a una subasta cuando haya sentencia firme que hace que el bien en sí haya perdido parte de su valor. Y por último, se pretende ayudar a la Policía y a los juzgados en esta tarea.

El convenio existente supone que estos bienes incautados se vendan de una forma más rápida. Esto tiene que estar autorizado por un juzgado de manera previa. Después se recoge el bien, se guarda en dependencias vigiladas y, por último, se vende. El dinero íntegro llega a un fondo de bienes decomisados y supone el valor total de la venta sin que el coche o el barco (u otro bien) pierda su valor.

Al mismo tiempo, se fomenta el retorno social de los bienes incautados a través de acciones antidroga mediante la adjudicación o cesión de bienes no vendidos a entidades sociales. La colaboración también incluye la divulgación de las ventajas de este servicio en los órganos judiciales.

Es decir, los bienes como coches o barcos se venden después de obtener la autorización necesaria. Si no se llegasen a vender porque no tienen salida o porque así lo decide el juzgado, se utilizan en acciones sociales que permitan que el vehículo cumpla una misión.

El servicio de gestión de bienes decomisados es coordinado por la Fundación Gallega contra el Narcotráfico en colaboración con el Ilustre Colegio de Procuradores de La Coruña, en cuyas dependencias se depositan los bienes mientras se realizan las gestiones para la subasta autorizada por la autoridad judicial. La colaboración de la fundación con las autoridades judiciales abarca desde la incautación hasta la el final del proceso de prestación del servicio.

¿Y si debe devolverse?

Existe la posibilidad de que el proceso judicial acabe con la necesidad de que estos bienes vuelvan a su dueño. En este caso, que puede tardar varios años, el implicado recuperaría el importe exacto de la venta.

No obstante, se trata de una posibilidad muy poco común por lo que apenas ocurre, según las fuentes consultadas. Eso sí, incluso el implicado se beneficiaría de que el coche o el barco se haya vendido en un momento dado y, por lo tanto, no sufra la devaluación propia del paso del tiempo.