El abogado Gonzalo Boye niega que Sito Miñanco le ordenase recuperar dinero requisado en Barajas

El abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que está procesado por un presunto delito de blanqueo de capitales en una causa abierta en la Audiencia Nacional contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, defiende que nunca recibió instrucción u orden de él para recuperar un dinero incautado en Barajas en 2017. De este modo, intenta desmontar la acusación de Fiscalía por su presunta implicación en la causa.

El acusado asegura en el escrito que ha presentado ante el tribunal que su participación en el asunto se limitó a la de ser contratado como abogado por otro de los encausados con el objetivo de recuperar 889.620 euros que le habían sido incautados en el aeropuerto de Barajas en 2017.

Boye apunta sobre el encargo profesional realizado por el procesado Manuel Pedro González Rubio, que buscaba recuperar ese dinero y que contactó con él «dada su condición de abogado en ejercicio especializado en derecho penal».

También añade que, entonces, no recibió «ninguna cantidad por anticipado» y desde un principio advirtió al cliente de la necesidad de aportar Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) documentación acreditativa del origen y el destino del capital intervenido. Le previno además de que lo probable es que tuviera que hacer frente a una elevada sanción económica por infracción de la Ley de Prevención de Blanqueo Capital en cuanto a la exportación de divisas sin la preceptiva autorización.

Cabe recordar que Boye, en concreto, fue procesado por la magistrada María Tardón por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todo ello por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.

Estos correos humanos, que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron detenidos en febrero de 2017 en el aeródromo madrileño. Entonces, según el relato de la magistrada, los narcos contactaron a Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.

Así, Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.

La defensa ve vulneraciones

Para el abogado, en el procedimiento se ha vulnerado su derecho a un proceso con las debidas garantías señalando que la investigación ha sido prospectiva, y también se ha vulnerado su derecho a un proceso justo porque se le intervino en el registro de su despacho y de su domicilio documentación relacionada con su defensa.

La defensa de Boye resalta que esa documentación que requirió a su cliente relativa al dinero en efectivo que iba a mover a Colombia le fue enviada y que él los adjuntó al escrito de alegaciones al expediente sancionador.

Sobre la reunión que mantuvo en su despacho con otras dos personas, una de ellas uno de los abogados también encausados, señala que tuvo un carácter «exclusivamente comercial» porque alguien se ofrecía como experto normativo en el procedimiento administrativo en relación con la intervención del dinero en Barajas. Y añade que «no se elaboró ni se acordó elaborar ningún contrato de cara a la recuperación del dinero intervenido ni se manejó ni se contó ninguna cantidad de dinero».

«Nadie propuso ni sugirió absolutamente nada relativo a la confección, manipulación o alteración de ningún documento de los que, entregados por el cliente González Rubio, habría que aportar ante el Sepblac con las correspondientes alegaciones», subraya.

Por otro lado, Boye destaca que en las intervenciones telefónicas intervenidas a González Rubio «no hay una sola mención directa, indirecta, implícita o explícita» a que el dinero incautado fuese propiedad de Sito Miñanco.

«Bien al contrario, todas las referencias en las conversaciones telefónicas llevan indiscutiblemente a la conclusión de que González Rubio habla del dinero y se comporta tras la incautación, como lo haría solamente el propietario del mismo y jamás un correo humano por cuenta de un tercero», apostilla.

Cliente desde 2015

Boye, tras explicar los pasos que dio en el asesoramiento de ese cliente, resalta sobre su relación con Sito Miñanco que se remonta a 2015, cuando le pone en contacto con él la hija del 'narco' para la obtención de beneficios penitenciarios y su excarcelación anticipada a la fecha de extinción de su condena.

Con posterioridad, el narco gallego le fue haciendo nuevos encargos profesionales pero resalta que su relación se ciñe a «la defensa de los intereses» de su cliente y que «nunca le ha dado instrucciones para recuperar cantidades de dinero de su propiedad o de terceros».

«Gonzalo Boye Tuset nunca ha recibido instrucciones, directamente o por mediación de terceros, procedentes de José Ramón Prado Bugallo para confeccionar contratos simulados o cualquier otro tipo de documentación falsa ni nunca el señor Prado Bugallo le manifestó ni interés ni relación alguna respecto al dinero intervenido en Barajas a Manuel Pedro González Rubio», destaca.

Del mismo modo, destaca que «nunca existieron razones para que (...) ni siquiera sospechase de la conducta de González Rubio, de su titularidad sobre el dinero intervenido ni sobre la autenticidad de toda la documentación aportada por éste».

Y añade que en todo momento «se ha ceñido estrictamente a las obligaciones y deberes inherentes al ejercicio profesional de la abogacía y no ha intervenido en la recuperación de ningún dinero procedente de ningún hecho delictivo ni ha confeccionado ni mandado confeccionar documentación ficticia o falsaria para incorporar a ningún procedimiento administrativo y/o judicial».

Así, pone el foco en que otro de los imputados, Manuel Andrés Puentes Saavedra, declaró en su contra «faltando a la verdad, con fines espurios y ante la eventual recompensa de salir en libertad pese a los graves cargos que pesaban en su contra».

Cabe recordar que este proceso arrancó fruto de la conocida como operación 'Mito', centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.

Esa organización, según la juez, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales. Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en 'b', un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.