Alberto Pazos y Javier Bas, junto a consejeros del grupo municipal

Alberto Pazos y Javier Bas, junto a consejeros del grupo municipal

El PP pide al Consejo de Cuentas de Galicia que audite a los ayuntamientos que no presenten sus cuentas en plazo

La deuda de algunos ayuntamientos es preocupante y se traduce en la falta de servicios

el PP ha pedido que el Consejo de Cuentas gallego ejerza una auditoría sobre ayuntamientos como el de Redondela o Verín donde no se han presentado las cuentas en los plazos establecidos.

«A día de hoy, los ayuntamientos de Redondela, Rúa y Verín no presentaron en plazo ante el Tribunal de Cuentas su Cuenta General del año 2022, lo que supone que se desconozca su situación económica-financiera correspondiente la ese año y no poda ser objeto de fiscalización por esta entidad», señaló el portavoz popular, Alberto Pazos, en unas declaraciones realizadas en Redondela.

El artículo 223 de la Ley reguladora de las haciendas locales recoge que la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales, y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes, es función propia del Tribunal de Cuentas. Para eso, los ayuntamientos deben remitir la este organismo antes de 15 de octubre de cada año a Cuenta General sobre su situación económico-financiera y patrimonial, así como la ejecución y liquidación de los presupuestos, correspondiente al año anterior

Pazos concretó que en este momento existen tres ayuntamientos en Galicia que no presentaron en plazo su Cuenta General correspondiente a 2022: Rúa, Verín y Redondela y sobre este último municipio manifestó que «esta ausencia de transparencia en sus cuentas es particularmente alarmante después de que este ayuntamiento fuese incluido, por primera vez en su historia, en un listado del Ministerio de Hacienda por el impago a sus proveedores».

En concreto, la deuda del Ayuntamiento de Redondela con sus proveedores, según denunció el grupo municipal del Partido Popular, supera los 3,3 millones de euros desde finales del pasado año 2022. «La principal consecuencia de esta deuda es que el Gobierno central va a tomar cartas directamente en el asunto y comenzar a ordenar el pago a los proveedores», apuntó el portavoz popular.

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