Policías denuncian que los gobiernos socialistas de Vigo y Villagarcía les usan como agentes «low cost» en eventos

El verano trae consigo la celebración de múltiples eventos musicales tales como fiestas o conciertos. Para ello, los ayuntamientos contratan seguridad privada en aquellos lugares donde sea preciso y, además, hacen uso de su policía local para reforzar el dispositivo. Además, en grandes eventos también se suele contar con agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, el enfado se ha extendido entre los agentes de este último cuerpo al tener que actuar como única seguridad en varios eventos de los ayuntamientos socialistas de Villagarcía y Vigo.

Concretamente, la Confederación Española de Policía ha remitido un escrito a la Jefatura de la Policía Nacional de Vigo comunicando la disconformidad de esta organización con los despliegues operativos ordenados en la Unidad de Prevención y Reacción -UPR- de la Comisaría de Vigo-Redondela, y que consideran que no «se está haciendo uso de esta unidad especializada según marca la normativa».

Desde este sindicato apuntan a que se está poniendo en «serio peligro la integridad física de los ocupantes de esta unidad operativa de la policía al remitir a sus agentes a eventos multitudinarios en Villagarcía y Vigo sin los miembros policiales necesarios».

Tal y como subrayan, la Unidad de Prevención y Reacción es una unidad multidisciplinar especializada sobre todo en orden público. El sindicato añade que se trata de una unidad «muy mal remunerada y de la que se hace uso, a veces, como policía low cost» para eventos privados. Esta participación, según denuncian, no ha sido tratada previamente en las juntas de seguridad locales de los consistorios como necesaria ante un posible problema de orden público, por lo que deberían tanto empresas organizadoras como ayuntamientos contratar el personal de seguridad privado necesario para cubrir los mismos, o abonar las horas extras necesarias a sus policías locales.

Vigo, al igual que Santiago o Coruña dispone de un grupo de UPR, donde constan según catálogo 30 policías, que son de por si opinan que «insuficientes para dar respuesta a la realidad actual de su ciudad, pese a que desde CEP hayan pedido por activa y por pasiva el aumento de este grupo a una Sección de UPR mucho más grande con dos o tres grupos de 60 o 90 agentes».

Denuncian que se les exige realizar despliegues territoriales de ámbito nacional, regional y provincial, coincidiendo normalmente con fechas delicadas de eventos en su ciudad, como fue las navidades pasadas, cuando un subgrupo de la UPR se encontraba fuera mientras la ciudad recibía miles de visitantes diarios por motivos de «las luces», o ahora en verano, que los despliegan en Algeciras, o eventos de ámbito regional mientras la ciudad tiene casi a diario eventos multitudinarios a los que envían una pequeña parte de esta UPR, lo que a juicio de esta organización sindical se realiza contraviniendo la normativa de funcionamiento de las UPR.

«De primeras, un grupo de UPR consta de 30 agentes, y no de 50, como ocurre en la Unidad de Intervención Policial, por lo que intentar cubrir un evento de la misma manera y forma y dar la misma respuesta es imposible. Si a esto le sumamos que es verano y que parte de los agentes se encuentran disfrutando de su periodo de vacaciones estivales, que un subgrupo se va a ir desplazado a Algeciras, y que los pocos agentes que quedan se encuentran monitorizando y cubriendo las distintas concentraciones y manifestaciones de la ciudad de Vigo, no entendemos como se ha ordenado cubrir el fin de semana pasado un evento musical multitudinario en la localidad de Villagarcía con un equipo incompleto de UPR», han detallado. «Hablamos de un evento que juntó cada día a 10.000 personas, por lo que desde la Confederación Española de Policía entendemos que si se trata de orden público se ha puesto en peligro de manera innecesaria a los agentes de la UPR», añaden.

Lo mismo ocurre en los conciertos de Castrelos en Vigo, cuyo despliegue mínimo de la UPR debe ser un subgrupo completo si se trata de orden público, de no ser así, la empresa organizadora debe disponer de la seguridad privada necesaria para atender a las necesidades de estos eventos y no hacer uso de los recursos públicos.