Vista del Puente de Rande, en la AP-9
El Congreso insta a suprimir los peajes en la AP-9, con el Gobierno dividido
PSOE y Vox votan en contra de eliminar el pago en la autopista
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una iniciativa del BNG en la que exige al Ejecutivo central que inicie los trámites de la anulación de la prórroga de 25 años a la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9) y asuma la gestión directa de la vía y la supresión de los peajes, con PSOE y Sumar votando distinto en alguno de los puntos de esta moción.
El punto uno de esta iniciativa del BNG, el que hace referencia a acabar con los peajes y la prórroga de la concesión de la AP-9, ha cosechado el apoyo de PP, Sumar y ERC, la abstención del PNV, Junts y UPN, mientras que el PSOE y Vox han sido los únicos que han votado en contra.
El resto de puntos, que hablan de un estudio sobre el coste de rescatar la AP-9 y llevar a cabo la transferencia a Galicia de esta autopista, sí que ha sumado el apoyo del PSOE y ha cosechado el único voto en contra de Vox.
Estudios
El texto del BNG que finalmente ha sido aprobado también insta al Gobierno central a que encargue o realice, de forma inmediata, un estudio en el que se exploren las vías jurídicas para la anulación de la prórroga y en que sean evaluados los costes económicos que tendría para el Estado la asunción de la gestión directa de la AP-9.
En un tercer punto de la iniciativa, se plantea que el Congreso exprese su compromiso para impulsar la tramitación de la proposición de ley remitida desde Galicia (con la unanimidad de todos los grupos del Parlamento autonómico) en defensa de la transferencia de titularidad y competencias de la autopista.
Esta proposición de ley para la transferencia de titularidad y competencias de la AP-9 está actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados y desde el BNG reclaman a la Mesa de la Cámara Baja, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, que agilicen su debate y votación.
Ni rescate ni transferencia
El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó, en una comparecencia previa, que no es viable rescatar la concesión, es decir, que esta autopista pasase a ser gestionada de forma directa por el Estado y no por la actual empresa concesionaria, Audasa. Argumentó que esto supondría un «altísimo volumen de gastos» para la Administración” y que tendría «claros efectos lesivos» para las arcas públicas. La actual concesión termina en 2048.
El ministro también se mostró claro sobre la posibilidad de transferir esta carretera a la comunidad autónoma, al indicar que «se puede estimar que el encaje del traspaso de la autopista al gobierno autonómico se antoja tremendamente difícil» al tratarse de un «itinerario de interés general» que conecta puertos y aeropuertos.