Ni gratuidad ni traspaso de la AP-9 a Galicia: el Gobierno opta por peajes hasta 2048

Ni supresión de los peajes ni transferencia de la Autopista del Atlántico, la AP-9, a Galicia. Estas son las dos conclusiones principales que se pueden extraer de la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados este miércoles para explicar la postura del Ejecutivo central sobre el futuro de esta infraestructura, que comunica Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo. De este modo, se desestima, una vez más, las demandas planteadas por el Parlamento gallego.

Puente explicó que no es viable rescatar la concesión, es decir, que esta autopista pasase a ser gestionada de forma directa por el Estado y no por la actual empresa concesionaria, Audasa. Argumentó que esto supondría un «altísimo volumen de gastos» para la Administración” y que tendría «claros efectos lesivos» para las arcas públicas. La actual concesión termina en 2048.

El ministro también se mostró claro sobre la posibilidad de transferir esta carretera a la comunidad autónoma, al indicar que «se puede estimar que el encaje del traspaso de la autopista al gobierno autonómico se antoja tremendamente difícil» al tratarse de un «itinerario de interés general» que conecta puertos y aeropuertos.

Otra de las posibilidades que mencionó el ministro fue aumentar las bonificaciones hasta alcanzar el 100 % de los precios de los peajes, a la que se opuso. «Comprenderán que resulta difícil el encaje económico y jurídico de llegar a las bonificaciones del 100 % de los ingresos de la autopista, ya que supondría virtualmente su rescate», afirmó. En su lugar, la vía por la que opta el Gobierno es «tramitar nuevas reducciones de peaje, tramitación de urgencia para su aprobación». En concreto, hizo referencia al anuncio de hace una semana de que se ampliarán las bonificaciones a los usuarios de la autopista, en el marco del acuerdo de investidura entre el PSOE y el BNG.

En la comparecencia, que fue solicitada por el Partido Popular, Óscar Puente también aprovechó para culpar a los populares de ser los responsables de la situación actual al aprobar una prórroga de la concesión hasta 2048.

Estudiar el rescate

El diputado del PP Celso Delgado señaló que este es el «momento propicio» para «analizar el rescate de la concesión». Mientras que Vox, en palabras de Carina Mejías, rechazó tajantemente el traspaso de la AP-9 a Galicia.

El diputado de Sumar, José Manuel Lago, advirtió de que «bonificar los peajes no soluciona el problema» y que es necesario el rescate de la concesión. El BNG, en la intervención de Néstor Rego, tildó de «injusticia y discriminación» que se liberen peajes en otras partes de España y no en Galicia. Además, incidió en que debe realizarse el traspaso a la comunidad autónoma y el rescate.

La diputada Noemí Santana, de Podemos, usó su turno de intervención para lanzar reproches al PP y principalmente para hablar de otros asuntos no relacionados con la comparecencia.

Batalla de cifras entre Xunta y Gobierno

La Xunta presentó recientemente un estudio que encargó a una consultora externa para cuantificar el rescate del vial, es decir, el dinero que debería cobrar la empresa que la gestiona, Audasa, por abandonar su negocio antes del fin de la concesión, fijado en 2048.

Su conclusión es que la cifra asciende se sitúa ente los 1.612 y los 2.355 millones de euros, menos de la mitad que lo anunciado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que fue de 4.000 millones.

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad hace pocas semanas una proposición no de ley impulsada por el PP que exige al Gobierno central la elaboración de un «estudio serio e minucioso» sobre el coste que supondría el rescate y la gratuidad de la AP-9.