El gas radón, segunda causa de cáncer de pulmón, obligará a una revisión de los comercios en Galicia

El 90 % de los locales comerciales en los ayuntamientos de Galicia tendrán que someterse a mediciones de radón a partir de este otoño, una normativa que entró en vigor en mayo y que refleja la gravedad de la situación en la comunidad autónoma con el mayor riesgo por gas radón del país.

Se estima que más del 70 % de las viviendas gallegas presentan niveles de radón superiores a los 300 Bq/m³, el límite recomendado por la Unión Europea, según un estudio del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La situación es especialmente grave en zonas rurales y edificios antiguos, donde la falta de medidas de aislamiento y ventilación agrava el problema. Esta región, con su combinación de geología y arquitectura, es un punto crítico en la lucha contra este gas.

Entre las soluciones, destacan barreras bituminosas y sintéticas, diseñadas para diferentes tipos de edificaciones, tanto en obra nueva como en rehabilitaciones. Estas barreras cumplen con las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) y han sido ensayadas y certificadas con el DIT 678/23 expedido por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc, CSIC) contra el gas radón. «Cada vez recibimos más llamadas de instaladores que quieren emplear estos sistemas, porque la gente es cada vez más consciente del problema», explica Chus Barroso.

Una de las soluciones más avanzadas que propone BMI es su sistema de despresurización del terreno, que facilita la expulsión del gas radón antes de que ingrese al edificio. Este sistema, que incluye dispositivos como el Easi-Sump, asegura la evacuación del gas mediante una red de tuberías conectadas al exterior, previniendo eficazmente su acumulación en los espacios habitables.

«Entendemos la gravedad de los riesgos que representa el gas radón y hemos desarrollado soluciones que garanticen la seguridad de las personas en sus hogares y lugares de trabajo», comenta Chus Barroso, CEO de BMI Iberia.

La nueva normativa exige que todas las empresas con locales en sótanos y plantas bajas de Galicia realicen mediciones de radón como parte de su plan de Prevención de Riesgos Laborales. En total, 283 de los 313 ayuntamientos gallegos se ven afectados por esta medida, con la obligación de instalar medidores durante un periodo de tres meses.