Pilar y otros afectados por la okupación, se unen: «Somos el escudo social de los que no quieren trabajar»

Pilar lleva cuatro años en una «situación límite». La que era su inquilina, se convirtió en okupa del inmueble que tenía en alquiler en La Coruña. Desde el 2020, no ha pagado ninguna cuota. Ni siquiera las facturas de consumibles. Ahora, Pilar y otros afectados por estas okupaciones han decidido fundar una asociación para «unir fuerzas».

Bajo el nombre de APROVIJ (Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica), quince afectados se han reunido para intentar dar una mayor visibilidad a una problemática real. «Queremos alzar la voz contra el abuso constante al que nos somete el Real Decreto 11/2020, un decreto que ha convertido a muchos de nosotros, los propietarios, en víctimas de una indefensión jurídica si precedentes», puede leerse en su página web de reciente construcción. «Se ha creado un escenario de vulnerabilidad para todos aquellos que han trabajado arduamente para construir su hogar y su seguridad», añaden.

«No podemos ser el escudo social de los que no quieren trabajar o de los que trabajen pero quieren estar en nuestras viviendas gratis», se quejan.

Por ello, planean llevar a cabo varias iniciativas entre las que se encuentra una manifestación. La asociación acumula casos de todo el país y pretende ser foco de reunión de los afectados y una plataforma para intentar buscar la solución que desde los gobiernos centrales y autonómicos no se les ha dado.

El caso de Pilar

Con profunda vergüenza, tal y como ella misma relató a El Debate, Pilar decidió plantarse frente a los servicios sociales con una pancarta para pedir ayuda e intentar que le encontraran una solución. La afectada ha agotado todos los recursos posibles para enfrentar la situación. En una entrevista con este medio, relataba que su marido reformó por completo su vivienda: un piso céntrico en La Coruña con tres dormitorios.

Después de la obra y tras «muchos ruegos» de la persona que hoy ocupa la vivienda, alquilaron el inmueble a esta mujer de origen marroquí y a su hija. La inquilina había afirmado que debido a su nacionalidad nadie le alquilaba un lugar. «Yo no estaba muy conforme pero terminé aceptando», recuerda Pilar, quien perdió a su esposo en mayo de 2020. «Fue en ese momento cuando dejó de pagar», añade, explicando que la inquilina solo cubrió algunas cuotas gracias a las ayudas para personas en situación de vulnerabilidad.

La propietaria asegura, también, que servicios sociales llegaron a ofrecer a su inquilina tres alternativas habitacionales. «Decía que cómo se iba a ir ahí. Que ahí no podían vivir ni los animales», cuenta desesperada añadiendo que se siente en una «situación límite». «¿Qué tengo que hacer ya? ¿Qué me queda por hacer?», se pregunta.