Autopista AP-9, que atraviesa Galicia
Galicia exige la gratuidad de la AP-9 mientras el Gobierno estudia la supresión de peajes en Castilla y Madrid
El presidente de la Xunta denuncia que el Ejecutivo «decide que cuestiones que le importan» a los gallegos «no son en absoluto prioritarias»
La concesión de la AP-6, AP-51 y AP-61 termina en 2029 y la de la AP-9, en 2048
El Ministerio de Transportes adjudicó recientemente por 895.097 euros la redacción de un estudio para definir las actuaciones que se deben llevar a cabo en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, a su paso por Madrid, Ávila y Segovia, para adecuar su funcionamiento a un escenario sin peajes. El actual contrato de concesión de estas vías de alta capacidad finaliza en 2029. Esta decisión no ha sentado bien en la Xunta de Galicia, que ha criticado que se olvide las reclamaciones para aplicar la gratuidad en la AP-9.
«Una vez más, el Gobierno central decide que cuestiones que le importan a Galicia no son en absoluto prioritarias. Todas son más prioritarias que las que nos interesan a nosotros», sentenció el presidente autonómico, Alfonso Rueda, tras ser preguntado por el estudio para las autopistas que permiten el acceso a Madrid. También indicó que es más «una cuestión de voluntad política» que de «recursos económicos».
El mandatario gallego también señaló que el «mismo ministerio que dice que es muy difícil» lograr la gratuidad de la AP-9, «a pesar del compromiso del candidato socialista en las elecciones», se prepara para eliminar los peajes en estas autopistas del centro de España.
Los peajes de esta vía siempre han sido muy polémicos debido a su alto coste. Actualmente recorrer la autopista entre Vigo y La Coruña cuesta 19,4 euros.
Negativa del Gobierno sobre la AP-9
Estas declaraciones llegan después de que hace un mes el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados explicase la postura del Ejecutivo central sobre el futuro de la AP-9, que comunica Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo.
Puente explicó que no es viable rescatar la concesión, es decir, que esta autopista pasase a ser gestionada de forma directa por el Estado y no por la actual empresa concesionaria, Audasa. Argumentó que esto supondría un «altísimo volumen de gastos» para la Administración” y que tendría «claros efectos lesivos» para las arcas públicas. La actual concesión termina en 2048.
El ministro también se mostró claro sobre la posibilidad de transferir esta carretera a la comunidad autónoma, al indicar que «se puede estimar que el encaje del traspaso de la autopista al gobierno autonómico se antoja tremendamente difícil» al tratarse de un «itinerario de interés general» que conecta puertos y aeropuertos.
Estudio del Gobierno gallego
La Xunta presentó este año un estudio que encargó a una consultora externa para cuantificar el rescate del vial, es decir, el dinero que debería cobrar la empresa que la gestiona, Audasa, por abandonar su negocio antes del fin de la concesión, fijado en 2048.
Su conclusión es que la cifra asciende se sitúa ente los 1.612 y los 2.355 millones de euros, menos de la mitad que lo anunciado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que fue de 4.000 millones.
El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad hace pocas semanas una proposición no de ley impulsada por el PP que exige al Gobierno central la elaboración de un «estudio serio y minucioso» sobre el coste que supondría el rescate y la gratuidad de la AP-9.