El embalse de Belesar, en Lugo, Galicia (España)
La Xunta obligará a las nuevas concesiones hidráulicas a vender el 50% de energía a consumidores gallegos
El PP extiende la nueva regulación a los contratos de las nuevas concesiones de explotaciones de aguas para producir electricidad
Las enmiendas registradas por el PP gallego a la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los Presupuesto de 2025 y que abren la vía a un nuevo régimen normativo para el sector eólico, si finalmente salen adelante en el Parlamento (los populares tienen mayoría absoluta(, extienden los cambios a las nuevas concesiones hidráulicas.
Y es que una de las enmiendas plantea la modificación de la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia (que ha visto luz verde recientemente) para añadir una nueva disposición adicional encaminada al fomento de la formalización de contratos de suministro en los concursos públicos que se convoquen para la producción de energía eléctrica.
En ella se incorpora la obligación para quienes asuman nuevas concesiones hidráulicas de comprometer la venta de al menos el 50 % de energía a usuarios o industrias de Galicia a través de contratos de suministro a medio o largo plazo (conocidos como PPA).
En concreto, los pliegos de bases de los concursos públicos que se convoquen por la Administración autonómica de acuerdo con la legislación de aguas para conceder la explotación de las infraestructuras que hayan revertido a la Administración autonómica en los casos de extinción de concesiones de aguas, destinadas a usos industriales para la producción de energía eléctrica, establecerán como «condición» que el concesionario se comprometa a formalizar PPA a un precio predeterminado.
Los términos para estas nuevas concesiones hidráulicas replican los de la eólica y los contratos que se formalicen «comprenderán al menos el 50% de la energía producida».
Además, se ratifica que los consumidores finales destinatarios de la energía serán consumidores locales e industriales de las zonas situadas en el ámbito de influencia de los proyectos. De no existir usuarios interesados en dichas zonas, pues que estén ubicados en otros puntos de la comunidad.
Asimismo, el plazo mínimo de duración de los contratos será de cinco años y se podrá formalizar directamente con los consumidores finales o a través de empresas comercializadoras de energía.