Alerta en el sector eólico por el plan de Galicia para intervenir el mercado: «Va en contra de la ley»
La Xunta obligará a los parques a suministrar el 50 % de la electricidad a empresas de la comunidad y a reducir el número de aerogeneradores
Dos anuncios realizados por la conselleira de Economía de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, han hecho saltar todas las alarmas en el sector de la energía eólica, que critica la deriva intervencionista en esta materia que ha tomado el Ejecutivo del PP que preside Alfonso Rueda. Esta situación ha llevado a los representantes de las empresas a alzar la voz para proteger las importantes inversiones con las que cuentan en territorio gallego
El primero de los anuncios llegó a finales de octubre, con el plan de repotenciación, con el que se obliga a las empresas a reducir los aerogeneradores más antiguos de 3.000 a 600, es decir, un 80 % menos. El segundo llegó a principios de este mes de noviembre, en el que informó de que los promotores de parques deberán suministrar, por lo menos, el 50 % de la energía producida a las empresas de la comunidad a un «precio estable y competitivo».
La respuesta por parte de la patronal no se ha hecho esperar y ha avisado de graves consecuencias si finalmente la Xunta aplica estas medidas. «El sector eólico avanza que esta expropiación de facto implicaría una vulneración de la legislación actual y forzaría la ruptura de contratos, aumentaría el precio de la electricidad, activaría demandas de los inversores internacionales generando nuevos arbitrajes, además de las consecuentes sanciones por parte de la Comisión Europea», denuncia la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que agrupa a las empresas más importantes del sector.
Esta agrupación explicó que la propuesta promovida por la Xunta para la venta forzosa de electricidad a empresas de la comunidad «va en contra de la legislación del mercado eléctrico de la Unión Europea, de la normativa de competencia y de la Ley del sector eléctrico». «Cualquier intervención de un mercado liberalizado es un ataque a los derechos fundamentales que rigen en la propia comunidad autónoma gallega, en España y Europa», alertó.
En cuanto a la repotenciación, AEE indicó que «la obligación de repotenciar agrava la ya dramática situación de inseguridad jurídica que se vive en Galicia, donde más de 2 gigavatios de nuevos proyectos eólicos se encuentran paralizados por medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia».
Fuentes de la Asociación Eólica de Galicia, que agrupa a empresas tan importantes como Acciona, Endesa, Cobra, Iberdrola, Naturgy o Vestas, explican, a preguntas de El Debate, que respalda estas críticas de la agrupación estatal. Mientras, la Consellería de Economía no respondió a la consulta de este diario de si va a realizar modificaciones sobre estas medidas que han hecho saltar las alarmas en el sector eólico.
Así es el plan de la Xunta
La conselleira María Jesús Lorenzana señaló, en una comparecencia a principios de mes, que obligar a los promotores de parques eólicos a vender el 50 % de la energía producida a las empresas de la comunidad a un «precio estable y competitivo» es una «medida clave» que garantizará que «esa electricidad quedará fuera de las fluctuaciones del precio del gas» y que «el 50 %» se quede en territorio gallego.
Esta medida se articulará a través de RDG Comercializadora Gallega de Energía, la empresa cuyo mayor accionista será el Ejecutivo autonómico. El departamento de Economía explica que de esta forma se logrará «democratizar» la figura de los PPA, contratos de compraventa de energía a largo plazo, para las pequeñas y medianas firmas gallegas y de ofertar energía más barata a los vecinos próximos a los parques eólicos.
Otra de las actuaciones que destacó es la repotenciación de los parques con aerogeneradores más antiguos. Esto afecta a unos 100 parques que cuentan con unos 3.000 aerogeneradores que cumplirán 25 años en los próximos cinco años. Lorenzana explicó que los propietarios de los parques se verán obligados a repotenciarse en los próximos cinco años tras un plazo de moratoria de 18 meses.