El BNG se planta ante la alcaldesa de La Coruña: se niega a apoyarla más hasta que pague 4,3 millones en facturas

Terremoto político en La Coruña. El Gobierno local del PSOE se queda en minoría de forma indefinida después de que el BNG haya informado de que no votará a favor de ninguna propuesta más que los socialistas lleven a las sesiones plenarias hasta que el Ayuntamiento abone cerca de cuatro millones de euros en facturas irregulares a proveedores del sector cultural. Este anuncio supone que todas las propuestas quedan en manos del PP, que ahora puede bloquearlas si así lo considera.

«No vamos a dar apoyo a ninguna iniciativa del Gobierno mientras no se proceda a la modificación de los presupuestos para resolver este problema», aseguró Jorquera a durante una rueda de prensa este martes para hacer balance del primer año de este mandato. También indicó que «el acuerdo de investidura fue puntual» y que «no es un acuerdo de mandato». «No es el equivalente a un pacto de investidura», recalcó.

La relación entre los socialistas y sus socios de investidura, los nacionalistas, se ha deteriorado rápidamente desde el pasado mes de febrero, cuando se celebraron las elecciones autonómicas, en las que el PP volvió a revalidar la mayoría absoluta y anuló cualquier posibilidad de un gobierno alternativo. Tras varios avisos en las últimas semanas, el BNG se ha plantado de forma indefinida. El pasado año, los cuatro ediles de esta formación permitieron a la socialista Inés Rey revalidar el cargo de alcaldesa, al que ya había accedido en 2019. El PSOE cuenta con 10 concejales, frente a los 11 que obtuvo el PP en las municipales.

El motivo que ha llevado a los nacionalistas a plantarse radica en cerca de cuatro millones de euros, según sus cuentas, en facturas que tiene pendientes de pago el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). En concreto, se trata de gastos derivados de la organización de fiestas y festivales durante todo el año 2023. Un informe de la Intervención municipal las cuantificaba en 3,6 millones, pero el BNG eleva la cifra a 4,3 millones. Francisco Jorquera aseguró que «esta situación hay que resolverla de inmediato» porque está «en juego la supervivencia de pequeñas empresas del sector cultural». Estas facturas se realizaron con «omisión» de la función de control de los técnicos municipales, «de la existencia» de partidas presupuestarias asignadas y de los «procedimientos de contratación» exigidos por la normativa legal, según alertó el interventor municipal.

Jorquera también se mostró crítico con la gestión del Ejecutivo municipal, que calificó de «muy pobre», y pidió a la alcaldesa «que no deja la ciudad desatendida». Aludió a diversos asuntos que considera que no se han abordado, como es el caso la creación del área metropolitana, la puesta en marcha del programa de bajos en alquiler, el impulso de la puesta en funcionamiento de la autoridad única de transporte o conseguir la cesión de la antigua cárcel.