El Defensor del Pueblo gallego reprende al Ayuntamiento de La Coruña por su falta de transparencia

El Ayuntamiento de La Coruña, que preside la socialista Inés Rey, ha recibido un tirón de orejas por parte de la Valedora do Pobo, la institución gallega que tiene encomendadas las funciones de mecanismo de control de los derechos de la ciudadanía y de supervisión de los defectos más comunes de las administraciones públicas (el equivalente al Defensor del Pueblo de España). El motivo es la falta de transparencia y llega después de una denuncia presentada por el PP, en la que alertó de la «vulneración de derechos fundamentales» por parte del Gobierno local, al entender que se le ponían importantes trabas a la hora de desarrollar su trabajo de fiscalización por negársele la entrega de copias de expedientes municipales.

En una resolución emitida recientemente, este organismo explica que «la Constitución Española establece que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes» y que «su acceso a la información pública es un derecho fundamental». Tras la reclamación de los populares, la Valedora insta al Gobierno coruñés a dar «acceso a la documentación relativa a la información pública solicitada», cumpliendo los requisitos legales vinculados a los datos personales.

El Ayuntamiento alegó que negaba las copias de los expedientes solicitados en base a un Real Decreto de 1986 en el que se establece el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en el que se fija que «en ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa Consistorial» y que la consulta de los documentos deberá realizarse en el archivo o en la Secretaría General. El Defensor del Pueblo gallego rebate esta afirmación y recuerda al Ejecutivo de Inés Rey que «el panorama legal de la transparencia ha tenido un considerable desarrollo legal acorde con su consideración como elemento estructural de la democracia», en referencia a la aprobación de la Ley de Transparencia de 2013 a nivel nacional y a una normativa autonómica sobre la materia de 2016.

Los documentos son públicos

El dictamen también señala que «la documentación solicitada es información pública», de acuerdo con la legislación vigente, ya que se entiende que tiene esta categoría «los contenidos o documentos que obren» en poder de la Administración pública. «Por tanto, la documentación debería proporcionarse, aunque después de aplicar las garantías que proceden de acuerdo con la misma ley, entre ellas la audiencia a las personas interesadas, la aplicación de los límites y causas de inadmisión y las disociaciones que correspondan».

El Ejecutivo local alegó, tras ser requerido para explicarse por la Valedora, que el PP ha formulado 151 peticiones de expedientes en 10 meses correspondientes al mandato que comenzó el pasado verano. «Esta Administración municipal hace el máximo esfuerzo posible por responder en tiempo y forma con los medios humanos y materiales de los que dispone, pero debe conciliar esa respuesta con el principio constitucional de eficacia administrativa y con el funcionamiento ordinario de los servicios para evitar que puedan verse afectados», indica la respuesta del Gobierno de La Coruña.

«Falta de transparencia»

El PP, tras conocer la resolución, asegura que «la falta de transparencia se ha convertido en la seña de identidad de este Gobierno«, ya que la formación ha presentado »más de 221 solicitudes de copia de expedientes en formato digital, de las que ninguna se resolvió en tiempo y forma y aun así solo nos entregaron dos de las copias solicitadas».

Los populares indican que en el pleno municipal celebrado en el mes de abril el PP presentó una moción para que respondan en plazo a las solicitudes, para que entreguen las copias y para que se certifique que los expedientes están completos. Dicha moción se aprobócon el voto en contra del PSOE.