Un informe revela que la alcaldesa socialista de La Coruña autorizó el pago de 28 millones en facturas irregulares

El Ayuntamiento de La Coruña, presidido por la socialista Inés Rey, pagó gastos irregulares por valor de 28,8 millones de euros durante todo el año 2023. Así lo recoge un informe elaborado por el interventor municipal en el que se detalla que realizó advertencias sobre estas facturas al entender que se había producido una «omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales». El PP, que es la formación que ha hecho público este documento, ha reclamado al Gobierno local que ponga fin a esta «anormalidad administrativa».

El funcionario encargado de llevar a cabo la fiscalización de las cuentas de la entidad local señala que realizó 1.654 reparos suspensivos, un procedimiento en el que muestra su desacuerdo con el contenido de los gastos o con el procedimiento seguido para su adopción y en el que acuerda la suspensión de la tramitación de los expedientes hasta que solucione la situación. Ante esta situación, la alcaldesa optó por anular esta orden y seguir adelante con los pagos de estas facturas, según indica el informe.

Los gastos incluidos en este listado son de todo tipo, entre los que se encuentran, por ejemplo, la prestación del servicio de mantenimiento y reparación integral de los vehículos de la Policía Local, contratos de suministro de electricidad, el mantenimiento de ascensores o la ayuda a domicilio.

El montante económico es todavía mayor si se suman las 33 facturas en situación irregular abonadas por el Instituto Municipal Coruña Espectáculos, IMCE (un organismo municipal que se encarga de promocionar la ciudad). En concreto, se trata de 4,3 millones de euros, es decir, la cifra total, con las del Ayuntamiento, llega a 33,1.

«Máxima urgencia»

El PP coruñés, que ha hecho público el informe, ha reclamado al Gobierno municipal que saque a concurso público «todos los servicios que se están prestando sin contrato con la máxima urgencia» y ponga «fin a la anormalidad administrativa que suponen los miles de facturas irregulares abonadas en contra de la Intervención municipal».

Los populares recuerdan que «en 2019 se autorizó el pago de 40 millones de euros mediante Decreto de Alcaldía y en contra de los informes del Interventor municipal» y que «en 2020 esta cantidad ascendió a 34 millones de euros». Mientras que en 2021 la cantidad ascendió a 26,2 millones de euros, en 2022 se incrementó en cinco millones más, hasta 31 millones, y en 2023 fueron 33,25 millones de euros, según asegura el PP.