Telefónica asegura que no le consta la llamada que implicó a un aduanero en un caso de tráfico de drogas

El juicio del alijo de 3.800 kilos de cocaína en 2020 a bordo del buque MV Karar celebró su última sesión ayer y no se retomará la vista hasta el 10 de septiembre. Entre los 28 procesados, un funcionario de Aduanas se vio señalado en esta operación policial por una llamada anónima a la Brigada Central de Estupefacientes en Vigo. Sin embargo, Telefónica no tiene constancia de dicha llamada.

El policía que la recibió mantiene que esa llamada que les puso en alerta sobre Pablo S.V. se produjo el 11 de mayo de 2020 a las 20:25 horas en uno de los teléfonos fijos pertenecientes al Grupo de investigación de la sección de la UDYCO en Pontevedra.

Tal y como se recoge en el informe policial, el informante asegura que recibió una llamada de una varón desconocido que afirmaba que el barco que llegó a Galicia con 4.000 kilos de cocaína contaba con la ayuda de un aduanero de Villagarcía, que se llama Pablo y es marinero de lanchas. También comunicó que ese día, a las 22 horas, iba a reunirse con el ‘escapado’ para entregarle teléfonos nuevos para que pudiera irse del país.

Telefónica informó al Juzgado de Instrucción 3 de Vigo a finales de marzo de 2021, de esa llamada no quedó registro en el número en que la Policía la recibió entre las 20:20 y las 20:30 del 11 de mayo de 2020 y aseguran que «no constan llamadas entrantes en esa línea en el periodo interesado».

Prisión y multas para los procesados

Entre los 28 encausados hay doce gallegos, nueve de Nepal, cinco de Bangladesh, uno de Colombia, con residencia en Madrid, y otro de Uruguay, aunque con domicilio en Galicia.

El fiscal pide tanto para trabajador de Aduanas, Pablo, como para su mujer, 19 años y medio de prisión, las penas más altas de este caso y una multa de casi un millón de euros por los delitos relacionados con el tráfico de drogas y por otro de blanqueo de capitales.

El ministerio público solicita 18 años de prisión y una multa de 438 millones de euros para Juan Carlos Santórum, considerado como jefe de la organización que se preparaba para recepcionar la cocaína que iba a bordo del buque.

Para el resto de procesados solicita la Fiscalía trece años y medio de prisión y dos multas de 400 millones de euros.