La prisión de Córdoba cuenta con 132 internos con discapacidad psíquica y 50 con trastorno mental

La Fiscalía advierte de que el Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba, cuenta con 132 personas internas con discapacidad psíquica y 50 con trastorno mental, lo cual representa entre el 10%/12% de la población reclusa total, a la vez que añade que «la generalización de los juicios rápidos en los que la discapacidad/trastorno pasa generalmente inadvertida, unida a la falta de un Estatuto Jurídico Procesal Penal de las Personas con Discapacidad explican la lamentable e injusta situación».

Así lo expone el Ministerio Público en su memoria anual referida al ejercicio 2023, en la que apunta que «las cifras de personas con discapacidad psíquica y trastorno mental que cumplen penas privativas de libertad e incluso medidas de seguridad en centros penitenciarios ordinarios no para de aumentar».

Dentro de la Protección de las Personas con Discapacidad y Mayores, y sobre la comunicación con familiares y allegados, comenta que «no ha habido cambios en relación con la memoria precedente», y tal efecto la Fiscalía de Córdoba informa de la elaboración de unas guías informativas en materia de salud mental, asistencial y jurídica para facilitar a los familiares, así como a los profesionales relacionados con la materia.

En relación con este ámbito, el fiscal delegado en la especialidad de Protección de las Personas con Discapacidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, vinculado a Córdoba desde hace más de 30 años, expone en su última obra el sistema de apoyo jurídico a las personas con discapacidad tras la Ley 8/2021 de 2 de junio de reforma de la Legislación Civil para el apoyo a las Personas con Discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Más que un nuevo texto legal

Según relata el fiscal, «esta ley es más que un nuevo texto legal, es una llamada a realizar un profundo cambio de mentalidad que no se queda sólo en lo intelectual como mera toma de conciencia, sino que convoca a todos a una actitud proactiva en orden a procurar que las personas con discapacidad desarrollen su autonomía en el mayor grado que sea posible, conforme a su voluntad, deseos y preferencias».

Durante 20 capítulos, el autor desentraña «toda la complejidad de esta ley» y aporta también «una colección de formularios que son de gran utilidad para los juristas y para las familias». Sobre la referida ley, el fiscal valoró hace un año que tras su entrada en vigor la impresión que se tiene es «muy positiva en general, en la medida en que se traslada con celeridad el espíritu y principios de la reforma».

En concreto, el fiscal Fernando Santos Urbaneja ha participado en la elaboración de las más importantes leyes en materia de Discapacidad y Mayores (Ley 41/2003 de reforma del Código Civil en materia de Autotutela y Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia), habiendo comparecido por este motivo ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.