Subvenciones
La Junta destina 2,1 millones a la FP para el Empleo
La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha informado de que el BOJA ha publicado la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas formativos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) que incluyan compromiso de contratación dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, estableciendo para la provincia de Córdoba un presupuesto de 2,1 millones de euros para unas subvenciones que son en concurrencia no competitiva.
Tal y como ha indicado la Junta de Andalucía, la convocatoria, publicada en el BOJA, tendrá abierto el plazo de solicitudes hasta el próximo día 31 de octubre del presente año 2023.
En este contexto, Gálvez ha explicado que este programa tiene como objeto «facilitar a las personas trabajadoras desempleadas una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que, a la vez, atienda a los requerimientos de competitividad de las empresas».
La responsable territorial ha incidido en que en esta convocatoria, «son las propias empresas, que requieren contratar profesionales con determinada formación, las destinatarias de estas ayudas, para que puedan formar a las personas que luego incorporarán a sus plantillas (con un compromiso del 40 por ciento de los alumnos que hayan completado la formación)».
Alcance
Se estima un alcance de unos 810 alumnos en 54 acciones formativas, lo que llevaría a la contratación de, al menos, 324 personas desempleadas.
Acciones
Las acciones formativas a impartir se deben corresponder con una especialidad formativa no conducente a certificado de profesionalidad incluida en el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y han de impartirse en modo presencial.
En el caso de que la empresa requiera dar una formación que no está catalogada, desde la Delegación territorial se les asesorará y ayudará a diseñar ese plan formativo y a que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lo incluya en su catálogo, para que pueda ser objeto de la subvención. Asimismo, las empresas que no están homologadas para dar formación profesional para el empleo pueden subcontratar esta formación con centros homologados.
SAE
Los alumnos de esta formación subvencionadas han de ser personas trabajadoras desempleadas, inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que cumplan los requisitos de la especialidad formativa programada y no haya tenido vinculación laboral con la empresa beneficiara en los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
El compromiso de contratación se determinará sobre el total de personas trabajadoras desempleadas formadas, y no podrá ser inferior al 40 por ciento de las mismas, no siendo posible hacer uso de la modalidad de contratos de formación en alternancia. Los contratos de trabajo formalizados deberán tener una duración mínima de seis meses en caso de jornada a tiempo completo, y de nueve meses cuando la jornada sea a tiempo parcial.
Se entenderá también cumplido el compromiso de contratación en los supuestos de la incorporación de alumnado como persona socia o socio trabajador, o de trabajo, de una sociedad cooperativa o de una sociedad laboral, siempre que sean dados de alta como trabajadores por cuenta ajena, y se haga en una ocupación vinculada con la formación recibida en el marco de las bases reguladoras.
Cada empresa deberá presentar una solicitud por cada programa formativo que estará formado por una única acción formativa. El trámite se realizará a través de la Oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo disponible en este enlace .
Requisitos
Serán subvencionables tanto los costes directos e indirectos de la actividad formativa, y el calendario de pagos será de un 25 por ciento inicial tras la concesión, de la subvención; otro 25 por ciento una vez se haya acreditado el inicio del programa formativo, y el 50 por ciento restante a partir de la presentación de la justificación final y tras la comprobación formal de la justificación presentada.