¿Y se lo creen de verdad?

Esta semana se han seguido dando pasos por el gobierno socialcomunista para la ruptura del Estado de Derecho garantizado por nuestra Carta Magna. Es decir, se siguen dando pasos para un golpe de Estado, pues está meridianamente claro que lo único pretendido por el bloque Frankenstein es perpetuarse en el poder, cueste lo cueste y a costa de lo que sea. Así lo han dicho los partidos que apoyan a Pedro Sánchez de que con él, y sólo con él, podrán conseguir sus objetivos, que no son otros que los de romper la unidad de España y dejar sin efecto esa transición modélica llevada a cabo para traer a nuestro país una democracia.

Era evidente que ese rodillo iba sacar adelante todas las leyes, que por vía no de urgencia sino de la inmediatez y sin debate, han venido a modificar el delito de sedición, el de malversación de caudales públicos y los nombramientos para el Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y, sobre esto, ya he venido exponiendo en estas reflexiones en voz alta mis opiniones, por lo que no me voy a repetir.

No obstante, aunque parezca increíble, aun me sorprenden estos socialistas, comunistas, independentistas y filoetarras, con sus declaraciones.

¿No vienen a decirnos que el que pretende dar un golpe de Estado es el Partido Popular por interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional?

¡Que mal está la peña!

Ahora va a resultar que lo que no se puede hacer es acudir a la legalidad, que es el sustento del Estado de Derecho, sino que lo que está bien hecho, según estos descarados, es sacar adelante unas leyes con fraude de ley.

El Partido Popular se ha limitado a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional para que éste decida, como órgano competente para resolver este tipo de cuestiones entre poderes del Estado, si el procedimiento seguido por el gobierno para esas modificaciones de leyes orgánicas a través de enmiendas es legal o no. Ahora, el Tribunal Constitucional, en cumplimiento de sus obligaciones, con libertad e independencia (cuestión a debate por la intromisión del poder ejecutivo en él) debería decidir sobre la procedencia de dicho recurso y sobre las peticiones en él formuladas. Su decisión deberá ser acatada y así se culmina lo que en un Estado de Derecho surge entre diferentes opiniones sobre la constitucionalidad o no de una actuación o norma.

Lo que parece fuera de todo lugar, desproporcionadas e injuriosas, son las declaraciones de todos los portavoces de los partidos que quieren sacar adelante las reformas.

¿Tanto miedo tienen a que un Tribunal decida sobre lo que están haciendo? ¿Tan grande es su soberbia y ganas de poder que no admiten más opinión y decisión que la suya? ¿Qué mal hay en que si un Tribunal considera inadecuado el procedimiento, al menos de forma indiciaria, suspenda los actos hasta que se resuelva su ajuste a la Ley? Admitir la actuación del Tribunal Constitucional supondrá admitir las reglas de juego y el Estado de Derecho. Negar dicha actuación es tiranía y querer sólo la existencia de un Poder en el Estado: el suyo. Otra cosa será el derecho a la crítica a la resolución que en su día dicte el Tribunal Constitucional, acorde con el derecho a la opinión y a la libertad de expresión, pero siempre respetando las decisiones judiciales, como garantes del control del principio de legalidad que debe regir en los otros poderes del Estado.

Muy mal tiene que estar viendo su futuro el Sr. Sánchez cuando, bajo esa aparente calma en sus manifestaciones, muestra claro nerviosismo y preocupación por su futuro

¡Qué malas encuestas deben manejar el gobierno y sus apoyadores para tener tanta prisa en sacar adelante cuestiones tan delicadas!

Cuidado, que si las cosas siguen yéndole mal, el Sr. Sánchez es capaz de modificar, vía enmienda de la Ley de Protección del Escarabajo (espero que no la haya), la Ley Electoral y decidir que no hay elecciones hasta que él lo vea conveniente (y no quiero darle ideas).