La gran planta solar que no quieren todos

La futura construcción de una gran planta solar en la provincia de Córdoba se ha convertido en el foco de la polémica. Nuca llueve a gusto de todos y la sostenibilidad energética se ha convertido en un mantra, que deja de gustar cuando llega a las puertas de tu casa.

O a un campo con olivos, especialmente para los vecinos de la pedanía bujalanceña de Morente, que han sido los primeros en poner el grito en el cielo por una planta solar (que ocupará 619 hectáreas), que no solo se extenderá allí, sino que lo hará por cinco términos municipales: Bujalance, Pedro Abad, El Carpio, Montoro y Córdoba.

Tras esa queja de los vecinos de Morente, tampoco se ha hecho esperar la de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que se ha lamentado de que la planta solar «saldría después de arrancar 52.000 olivos, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y de empleo», aunque generaría otros puestos de trabajo.

Y es que, para UPA, en caso "de salir adelante, supondría una importante pérdida de terreno cultivable”. De modo que, según la organización agraria, «no es aceptable que un proyecto de energía solar salga adelante ocupando tierras agrícolas fértiles, porque eso conlleva una pérdida fundamental, no sólo de renta para los agricultores, sino especialmente de producción de alimentos, y eso también traería consigo la obligación de importar aquellos productos que aquí dejamos de cultivar».

La postura de la Junta

Por su parte, coincidiendo con la visita a Córdoba -esta semana- del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, este explicaba la postura de la Junta de Andalucía al respecto. En este sentido explicaba que la administración autonómica «procura ser siempre muy rigurosa, exquisitamente rigurosa con el cumplimiento de la normativa, con la legislación que todos nos hemos dado».

Aplicar la norma

Asimismo, Fernández-Pacheco precisaba que «existen diferentes fases del procedimiento en las que se puede alegar, en las que se puede expresar una voluntad diferente a la que la Administración está promoviendo, y nosotros no estamos para opinar acerca de procedimientos particulares, sino para aplicar la normativa”. Y agregaba que, »si los promotores cumplen la normativa, que es muy exigente en el ámbito medioambiental”, lo que hace la Junta entonces des dar «respuesta en esa línea».