El edil de Hornachuelos que oposita a funcionario acusa a la oposición de «montar un circo»

El concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Hornachuelos al que los tres grupos de la oposición señalan en un caso de conflicto de intereses, Esteve Molina, por ser delegado de Personal y opositar a una plaza de funcionario en el Consistorio, ha emitido un comunicado en su defensa en el que afirma que «la convocatoria ha sido pública, transparente y legal» y acusa a los grupos políticos de PSOE, PP e IU de «montar un circo» con este asunto.

En primer lugar, este edil afirma que la plaza de técnico de administración general (TAG) fue convocada en 2022 por la formación a la que pertenece, cuando él aún no era concejal «y estaba en mi perfecto derecho de formar parte de proceso selectivo». Molina obtiene acta de concejal en las elecciones municipales de mayo de 2023 por el Grupo Independiente de Hornacuelos (GHI), la misma formación que en el mandato anterior inició el proceso selectivo. Aún así, mantiene su intención porque "no hay ninguna normativa que me impida formar parte de un proceso selectivo que ya estaba en marcha cuando yo entré en este ayuntamiento como concejal”.

Las tres formaciones políticas de la oposición han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para que explique públicamente esta situación a la vez que el resto de opositores a esta plaza han trasladado a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública un escrito en el que describen las irregularidades detectadas por ellos durante el proceso selectivo.

El segundo ejercicio

Molina apunta que las bases de la convocatoria se publicaron en el BOP en marzo de 2023 y en el BOE un mes más tarde, así como los sucesivos anuncios relacionados con la prueba. Por esto, entiende que «la convocatoria ha sido pública, transparente y legal, siguiendo todas las exigencias procedimentales para ello».

Sobre la celebración del segundo ejercicio a continuación del primero, algo trasladado por el resto opositores a la Junta, argumenta que eso figuraba en las bases de la prueba y argumenta que "leerse las bases y prepararse los exámenes no conlleva que tenga ventaja, significa que me preocupo por superar un proceso selectivo”.

El tribunal

También defiende Molina la composición del tribunal, presidido por la secretaria del Ayuntamiento meloja, «todos ellos funcionarios con habilitación de carácter nacional de distintos municipios de Córdoba y Sevilla», algo que en su opinión «es una garantía inexcusable de objetividad y transparencia», a la vez que se pregunta por qué la oposición no recurrió ninguna de estas cuestiones.

Precisamente, la oposición cuestionaba que el tribunal estuviese presidido por una funcionaria a la que recientemente se le había subido el sueldo en 13.000 euros en concepto de productividad. Para Molina, «los datos son falsos, ya que de los 13.000 hay que descontar la productividad consolidada que deja de percibir».

Este concejal añade sobre este asunto que él no decidió la subida, sino que fue el pleno, y añade un matiz dirigido a la oposición: «Recuerden con detenimiento porque parte de la oposición que ahora firma ese escrito también estuvo de acuerdo».

Por último, Molina analiza lo ocurrido y afirma que «se han sobrepasado ciertos límites muy delicados». Aún así, mantiene que «no tengo la obligación de justificar por qué me presento a un proceso». Graduado en Derecho, «llevo preparándome la oposición de secretaría intervención más de dos años, de hecho aprobé el primer examen de la misma en tan solo cinco meses», da por terminado el debate por su parte y remata con que «no voy a permitir que se cuestionen mis méritos».