La parálisis del CGPJ llega a la Audiencia Nacional: el presidente de la Sala Penal, en funciones

La modificación legal exprés aprobada por el Gobierno, y los socios al frente del mismo PSOE y Podemos, con el respaldo parlamentario de los separatistas y Bildu, para prohibir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice nombramientos en la cúpula judicial cuando su mandato está prorrogado, como viene sucediendo desde diciembre de 2018, sigue forzando situaciones provisionales en los más altos órganos judiciales de nuestro país. 

A las más de doce vacantes sin cubrir en el Supremo, tras la jubilación forzosa de Cándido Conde-Pumpido, que ascenderán a catorce a comienzos de 2022 y que, con la nueva ley en la mano, no podrán ser cubiertas hasta que no se constituya un nuevo Consejo, se suma la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, con la salida de su extitular Concepción Espejel, como Magistrada del Tribunal Constitucional, ha dejado al frente  de la Sección criminal de órgano central al juez Alfonso Guevara, en funciones. 

El juez Guevara ha llegado, así, tras tres intentos previos frustrados, a la codiciada presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional tras la renuncia de su predecesora. En varias ocasiones antes, el magistrado había intentado optar al puesto de manera ordinaria pero, hasta la fecha, sin éxito. 

En un primer intento, Alfonso Guevara se medía, en enero 2007, con Javier Gómez Bermúdez que le arrebató la plaza por diez votos a uno de los 19 vocales que formaron parte del pleno del Consejo General del Poder Judicial. Los otros aspirantes fueron entonces Baltasar Garzón y José Ricardo de Prada. Ambos obtuvieron cuatro votos cada uno. En febrero de 2012 Guevara volvía a medirse al presidente de la sección segunda de la AN, Ángel Hurtado, y a Javier Gómez Bermúdez. 

Con posterioridad serían Fernando Grande-Marlaska y su propia compañera en la sección de la Audiencia, Concepción Espejel, los que arrebatasen a Guevara la posibilidad de situarse al frente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. 

Para la elección del presidente de la Sala Penal de la AN se necesita el aval de, como mínimo, once vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esto es, mayoría simple del Pleno, alejada de la mayoría cualificada de 13 votos que sí se exige en la designación de determinados cargos judiciales, como los de los presidentes de los Tribunales Superiores autonómicos o los magistrados del Tribunal Supremo.

Fallo multiorgánico 

Sin embargo, la más afectada por la situación de bloqueo del CGPJ es la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la única competente para decidir, entre otras causas, si las medidas autonómicas durante el segundo estado de alarma o los indultos concedidos a los líderes políticos condenados por sedición y malversación en el juicio del procés fueron correctos. Ya en su haber la confirmación de la exministra de Justicia socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras rechazar la legitimación de los recurrentes, PP y Vox, para instar dicha reclamación. 

La Sala Primera de lo Civil del Alto Tribunal tampoco se ha librado de las mermas forzosas provocadas por la reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recortó competencias, constitucionalmente reconocidas, al Consejo como máximo órgano de Gobierno de los jueces y magistrados. Así, en este caso, era su propio presidente quien se sumaba a las dificultades ya denunciadas por las Salas Cuarta de lo Penal y la Tercera de lo Contencioso-Administrativo, y se lamentaba de que el superávit de vacantes no condicionase el «indispensable» nombramiento de cinco magistrados «con sólida experiencia civil en las Audiencias Provinciales» ante el riesgo real de «colapso» la por la avalancha de asuntos con los que se prevé cerrar el año.

El Consejo General del Poder Judicial ya asumió, con carácter extraordinario, las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar del Supremo, tras la retirada de su presidente, Carlos Melón Muñoz, en situación de reserva y ante la imposibilidad del CGPJ de nombrar un nuevo titular para la misma plaza. La parálisis impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez al Consejo, como resultado de la reforma exprés de la LOPJ que recortó competencias al órgano prorrogado, está obligando a buscar fórmulas provisionales a su presidente, Carlos Lesmes, para evitar el desastre en el Alto Tribunal. Ahora, también, tendrá que poner la mirada en la Audiencia.