Fachada del Hospital Puerta de Hierro, en Madrid

Tribunales

La Fiscalía solicita prisión para el exalcalde de Majadahonda por la licencia del Hospital Puerta de Hierro

El Ministerio Público pide sendas condenas de dos años y medio de cárcel para el antiguo edil majariego, Narciso Foxá, y para los exconcejales Carlos Pérez González y Carmen Menéndez

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 30 meses de prisión para el exalcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y para los exconcejales Carlos Pérez González y Carmen Menéndez. Se les acusa de un delito de ordenación de territorio por haber concedido a «Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda S. A.» la licencia de primera ocupación a pesar de haber recibido informes de los servicios técnicos municipales en los que les alertaba sobre la existencia de varias deficiencias en el centro sanitario, «la mayor parte de ellas relativas a protección contra incendios».

En el escrito de acusación se recuerda que en 2008 comenzó a operar el nuevo Hospital Universitario Puerta de Hierro, de Majadahonda, cuya actividad sanitaria era responsabilidad del Servicio Madrileño de Salud, mientras que su construcción y explotación lo era de la empresa concesionaria «Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda, S.A.». El Ministerio Público explica que el hospital comenzó sus actividades sin haber obtenido del Ayuntamiento la licencia obligatoria de primera ocupación. Este trámite fue solicitado el 16 de junio de 2008, lo que dio lugar a diversas visitas de inspección e informes de los servicios técnicos municipales, en los que se pusieron de manifiesto un total de 66 deficiencias. Sin embargo, tras los requerimientos de subsanación, el centro continuó con su actividad sin que la empresa comunicara que se debían corregir esos defectos.

Dado que tal situación se prolongaba, el 18 de diciembre de 2012 los responsables del Servicio de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Majadahonda pusieron «expresamente de manifiesto» al Servicio Jurídico de la concejalía de Urbanismo que la actividad estaba funcionando sin la correspondiente licencia de primera ocupación, «y por consiguiente sin licencia de funcionamiento».

Tras ello solicitaron un informe sobre las medidas que se deberían adoptar al respecto, a lo que Pérez González, en ese momento concejal de Urbanismo del citado Ayuntamiento, contestó en un primer momento pidiendo un dossier sobre los pasos dados en dicho expediente. Una vez realizado el mencionado informe, el exconcejal se limitó a remitirlo a Urbanismo y Vivienda, «sin dar respuesta alguna y sin adoptar tampoco medida alguna».

Continuaron sin tener dos licencias

Por otra parte, en marzo de 2007 la sociedad concesionaria solicitó al Ayuntamiento una licencia de apertura y ejercicio de actividades para la instalación y funcionamiento de la actividad de hospital. Fue entonces cuando los servicios técnicos municipales volvieron a poner de manifiesto una serie de deficiencias -al tiempo que requirieron al solicitante para que las subsanara- algo que no ocurrió hasta el 9 de abril de 2015 cuando se emitió un informe jurídico favorable en el que se concedía la licencia de apertura de actividad calificada para el ejercicio de hospital.

La Fiscalía pone de manifiesto que mientras el hospital estuvo funcionando sin licencia de primera ocupación ni licencia de apertura de actividad calificada (de septiembre de 2008 a abril de 2015), «no se adoptó por los acusados ningún tipo de actuación o medida tendente a la protección o restauración de la legalidad urbanística infringida, ni sancionadora». Además, el Ministerio Público considera que correspondía tanto a el exalcalde, Narciso de Foxá, como los antiguos concejales Carlos Pérez González y Carmen Menéndez la adopción de medidas, ya que «se había puesto en conocimiento de tales acusados que el hospital se encontraba funcionando sin las preceptivas licencias»