Ayuso sorteará el impuesto a las grandes fortunas con una ley para que lo recaudado se quede en Madrid

La Comunidad de Madrid ha reaccionado a la recaudación del impuesto de las grandes fortunas que quiere llevar a cabo el Gobierno central. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que «no se van a quedar parados y que lo que van a hacer es tramitar de urgencia una reforma legislativa, una nueva ley que llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid».

Esta medida supondría un proyecto de ley que permitiría que todo lo recaudado se quede en las arcas madrileñas. De esta manera, podrán destinarlo a lo que la región necesite y no será el Gobierno central el que se beneficie de ello.

En esta línea se destinarán para crear más prosperidad y puestos de trabajo. «Lo vamos a hacer lo antes posible para que esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño y, de esta manera, se lo podamos devolver al mismo», ha explicado Ayuso.

La presidenta ha explicado que «en otros países donde se ha aplicado este impuesto ha causado daños enormes y, como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid, lo que vamos a hacer es seguir defendiéndola».

Ha querido recalcar que lo que la sorprende es que le den tanta independencia a algunas comunes autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad.

Ayuso concluye que este impuesto a las grandes fortunas se recauda el 90 % en Madrid. Por tanto, va contra el patrimonio y el trabajo y el esfuerzo el contribuyente madrileño.

Rechazo del Constitucional

Horas antes el Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto temporal a las grandes fortunas. Un recurso que finalmente ha sido tumbado por un tribunal dividido, con siete votos a favor de mantener el tributo y cuatro en contra.

El pleno ha abordado el recurso en base a la ponencia elaborada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.

Balaguer sostenía que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal.

Madrid defendía en su impugnación que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.