Ayuso denunció los contratos de Ábalos tras el «ensañamiento» en el caso de su hermano: «Vamos a investigar a todos»

En marzo de 2022, el PP de Madrid, capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, denunciaba ante la Fiscalía Anticorrupción varios contratos presuntamente irregulares del Gobierno de Pedro Sánchez por valor de 326 millones de euros con sobrecostes en la compra de mascarillas de hasta un 500 %. Una denuncia que, de momento, ha desembocado en la detención de Koldo García, el que fuera mano derecha del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos y que la dirigente madrileña decidió presentar tras el «ensañamiento» del Ejecutivo y de la izquierda con el caso de su hermano.

En concreto, Díaz Ayuso adoptó la determinación de presentar esta denuncia después de que Podemos, Más Madrid y PSOE presentaran otra en febrero de 2022 para que se investigara el contrato de mascarillas de la Comunidad de Madrid vinculado con su hermano.

«¿Quieren saber la verdad?, pues vamos a investigar a todos», proclamó entonces la jefa del Gobierno autonómico. Una verdad que, con el tiempo, se está abriendo paso pero no precisamente de la manera que creían las formaciones que decidieron comenzar esta 'guerra' con Ayuso.

Y es que, mientras que la denuncia de Podemos, Más Madrid y PSOE fue archivada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2022 ante la «ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales», dos años después la que presentaron los populares madrileños sigue su curso y ha provocado la detención de Koldo, aunque las primeras informaciones sobre la misma hacen suponer que este es tan sólo el comienzo de una presunta trama de corrupción de gran envergadura dentro del Gobierno.

En este sentido, Ayuso sentenciaba este jueves que «esto no es un escándalo, es una trama escandalosa con miles de tentáculos» y pedía a Sánchez responsabilizarse de «todo» lo que ocurre en su Gobierno.

Archivo de la denuncia

El decreto de archivo de la denuncia contra el hermano de Ayuso, que firmó el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no dejó lugar a dudas sobre la inocencia del hermano de la presidenta autonómica. «La investigación practicada hasta la fecha no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el Servicio Madrileño de Salud o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet», admitía el escrito.

Y agregaba que tampoco quedó probado que el familiar de la presidenta «aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación, no era en absoluto necesario para presentar la oferta».

Sobre el cobro de la comisión en el contrato, el extremo más controvertido y por el que saltó la polémica, el Ministerio Público también concluyó que no había irregularidad alguna. El procedimiento seguido para la facturación, el pago y el cobro de la comisión fue «transparente» y, a juicio del fiscal jefe, el hermano de la presidenta madrileña ofreció «una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de las mascarillas», que vino fundamentada «tanto por el material documental aportado por su representación como por los diferentes testigos que han declarado».

El fiscal aseguró que el relato de Tomás Díaz Ayuso «no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los partidos denunciantes" y que, tras la práctica de diligencias, «no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria».

Menos de un año después del archivo de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Europea también archivaba el caso tras «una exhaustiva investigación» en la que no quedó acreditado que el precio abonado por el suministro de las mascarillas fuera desproporcionado y, por tanto, «no concurren indicios suficientes de la comisión de un delito».

Así, mientras que las acusaciones sobre el hermano de la presidenta y sobre la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid han quedado en nada, la denuncia del PP de Madrid sobre los contratos de Sánchez sí parece haber tenido razón de ser.

Con todo, al presidente del Gobierno no parecen importarle la realidad de los hechos y este miércoles se apresuraba a sacar a relucir este caso archivado al ser preguntado por la detención de un ex asesor de su Gobierno, como si ambas cosas fueran comparables.