La Policía clausura dos edificios okupados y ruinosos en Bravo Murillo

La Policía Municipal ha conseguido clausurar dos edificios okupados en la zona de Tetuán. Del primero, que está ubicado en la calle Bravo Murillo, ya han sido desalojados 15 ciudadanos de origen magrebí con antecedentes policiales y penales por hurto, drogas y violación. Esta construcción con fachada protegida está en estado ruinoso y lleva varios años okupada. Del otro edificio, ubicado en la calle Azucenas, se han marchado cuatro familias mientras que otras cinco se niegan a abandonar el edificio, pese a las reiteradas advertencias de los bomberos por el riesgo mortal que existe por derrumbe.

Edificio Bravo Murillo

Un ciclista notificó a la Policía que le habían robado su bicicleta, valorada en más de 2.000 euros, y que creía que se encontraba en el interior del edificio. Los agentes fueron y al ver el estado de la construcción notificaron a los bomberos, quienes inmediatamente certificaron el «estado de ruina». Sin luz ni agua, y con un estado antihigiénico vivían 15 magrebíes mayores de edad. Los vecinos de la zona explicaron al diario El Mundo que «es un foco de insalubridad e inseguridad lleno de basura» y «la mayoría de estos jóvenes se dedicaban a cometer fechorías en la zona de Plaza Castilla».

Después del desalojo, el edificio se ha tapiado y la empresa dueña que denunció la okupación de este ha confirmado su deseo de aprovechar la parcela para la construcción de nuevas viviendas. Están a la espera de los permisos municipales pertinentes para su ejecución. Asimismo, los vecinos también son partidarios del derrumbe del edificio, ya que reclaman al Ayuntamiento más seguridad por el riesgo permanente de que se desplome, haciendo hincapié al incidente de 2015, cuando se desmoronó una finca colindante.

Edificio Azucenas

La situación es similar. Un edificio que lleva abandonado varias décadas distribuido en dos plantas en el que entraron a vivir nueve familias. En estado de escombrera las condiciones en las que vivían eran suelos destrozados, humedades, sin luz ni agua. A pesar de la orden judicial en la que se obliga a marcharse a sus moradores, cinco familias no la cumplen. Aun habiendo tapiado el interior del edificio los bomberos municipales no saben que pueden hacer. El diario El Mundo ha contactado con algunas de estas familias y Laura, okupa con dos hijos afirma «no tengo trabajo y es lo único que tengo para vivir» y de ahí su insistencia por quedarse en el bloque.

Estos dos edificios han sido objeto de un informe del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, por el que el departamento jurídico de Control Estructural ha mandado que se tapien a favor de la seguridad ciudadana.