Monasterio presenta un escrito de 334 páginas para defenderse de la expulsión por un presunto voto irregular

La líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha presentado un rotundo y extenso escrito de defensa contra la sanción del Parlamento autonómico a la que se enfrenta por, presuntamente, votar de forma irregular en el Pleno celebrado el pasado 1 de febrero.

El documento, al que ha tenido acceso El Debate, comienza con una minuciosa exposición de los hechos acaecidos desde que el diputado José Luis Ruiz Bartolomé, presentó su dimisión hasta la celebración del mentado Pleno y las reuniones posteriores de la Mesa de la Asamblea.

La renuncia de Bartolomé a su escaño es la primera ficha del dominó de lo ocurrido en la Asamblea aquel 1 de febrero. Su renuncia dejó su asiento en el Hemiciclo libre, puesto que su sustituto, por una cuestión de tiempos, no pudo jurar el cargo ese día. Un hecho del que, tal y como recoge el escrito, era conocedora la Mesa de la Asamblea, el máximo órgano rector de la Cámara compuesto por el presidente de la misma, Enrique Ossorio, tres vicepresidentes y tres secretarios.

Así, el asiento contiguo al de Rocío Monasterio, el que debería haber ocupado el nuevo diputado que no pudo jurar cargo ese día, quedaba vacío. Con objeto de no dejar ese espacio antiestético junto a la portavoz del grupo, el portavoz adjunto del mismo, Íñigo Enríquez de Luna, lo ocupó al inicio del Pleno, tal y como recoge el escrito de alegaciones presentado por Monasterio.

«Así, por error, y con ocasión de la costumbre de activar el control de presencia al inicio de cada sesión plenaria, el Diputado D. Iñigo Henríquez de Luna activa el control de presencia del escaño nº 126 (no asignado a ningún diputado a tenor de lo dispuesto en la Asignación de Escaños Salón de Plenos de fecha 1 de febrero de 2024)», indica el escrito.

«Tras haber activado el control de presencia al inicio de la sesión plenaria, y tras tres horas ocupando el escaño vacante, el Diputado Iñigo Henríquez de Luna interviene en el debate de totalidad del PL 3/23 de Economía Circular, sin que los servicios de la Cámara se percataran de que ocupaba un escaño que no le correspondía, y por tanto sin alertar al Diputado de su error. De hecho, la activación de sonido desde un determinado escaño lo tienen que realizar de forma manual los servicios de la Cámara, lo que así ocurrió para el escaño nº126 durante su intervención en el debate de totalidad del PL 3/23 de Economía Circular», continúa el documento.

«Tras siete horas ocupando un escaño que no le correspondía, el Diputado Iñigo Henríquez de Luna es alertado por la Mesa de la Asamblea, a través del Secretario Segundo, D. Ignacio Arias Moreno, de que estaba sentado en un escaño que no le correspondía y que debe de ocupar el suyo (escaño nº128) para las votaciones», expone el escrito, con imágenes adjuntas de cómo fue avisado el diputado.

A continuación, el diputado vuelve al escaño donde sí le corresponde votar y el presidente de la Asamblea informa a la Cámara del error cometido por Enríquez de Luna.

Por tanto, subrayan desde Vox, «es evidente que el Presidente actúa de oficio para informar a la Cámara del error ocurrido y proceder a resolverlo». Así, «el Presidente entiende que se trata error involuntario, sin mala fe, y acuerda restar una presencia más en todas las votaciones».

Motivada por la advertencia realizada por el Presidente de la Cámara del error ocurrido antes del comienzo de la primera votación, la Portavoz del grupo, sostiene el escrito, «intentó desactivar el sistema de votación pulsando varias veces distintos botones, lo cual no consiguió, y ocasionando que en la primera votación se contabilizara un voto de más».

En este punto, Vox recuerda que su portavoz «desconocía el hecho, a la postre, relevante, de que los sistemas de votación no podían ser apagados una vez que el control de presencia quedaba activado, por lo que en su afán de apagarlo y finalizar con el incidente (puesto en conocimiento de la Cámara por el Presidente justo antes de comenzar la primera votación) accionó todos los botones existentes, de forma simultánea y reiterada, tratando sin éxito de evitar la votación».

«Es muy importante reseñar que el incidente únicamente ocurrió una vez, en la primera votación, no sucediendo en el resto de las votaciones como posteriormente quedará acreditado», subrayan.

«El Presidente, al ser conocedor de antemano de los hechos que generaron el incidente de la Portavoz, subsana de oficio la activación de presencia del escaño nº126 al resultado de la primera votación. Sin embargo, cabe remarcar que el Presidente no procede a subsanar también de oficio el voto involuntario que origina el incidente objeto del presente escrito», describe el escrito.

El documento pone el foco en que en las cinco votaciones posteriores no se vuelve a producir incidente alguno, «prueba evidente de su involuntariedad». «Es un hecho aislado, producido por error y sin voluntad de reiteración», esgrimen.

Reunión de la Mesa

Al día siguiente, sostiene Vox en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, en al primera Mesa celebrada tras el Pleno en cuestión, «el incidente que trae causa de este expediente sancionador no fue tratado ni comentado, al entenderse resuelto de oficio por la Presidencia como ha quedado acreditado previamente».

En la siguiente Junta de Portavoces, celebrada el día 5 de febrero, «a colación de que el Presidente informa del incidente acaecido, el Portavoz Adjunto admite su error y por tanto que se haya producido el incidente en las votaciones, dejando claro que la Portavoz había intentado apagar el sistema sin éxito».

«La Portavoz en la Rueda de Prensa posterior a la Junta de Portavoces explicó el incidente acaecido aclarando que su actuación se limitó a apagar el sistema de votación sin éxito», concluye.

Alegaciones

Una vez expuestos todos los hechos, Vox manifiesta en la alegaciones: «De la ausencia de voluntariedad demostrada por parte de la Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, de la imposibilidad de alterar la votación, de la ausencia de vulneración de los principios de personalidad e indelegabilidad del voto, de la ausencia de alteración del orden y el resultado de las votaciones, de la inadecuación del procedimiento sancionador a la legislación vigente, de la necesidad de graduar la hipotética sanción con relación en los principios alegados en el Pliego de Cargos Cuarto».

Por todo ello, Vox solicita que «tanto la instructora como la Mesa de la Asamblea procedan a archivar y dejar sin efecto el expediente sancionador, tramitado de oficio por el procedimiento simplificado, en relación con el involuntario incidente ocurrido en la sesión plenaria del 1 de febrero».

Ahora, la instructora del proceso, Mercedes Zarzalejos (PP), tiene ocho días para comprobar si los hechos expuestos por Monasterio son verídicos para después remitir a la Mesa de la Asamblea su propuesta de sanción en caso de haberla. El órgano rector de la Asamblea de Madrid votará y Monasterio tendrá derecho a que se abra un proceso de reconsideración de 15 durante los cuales la hipotética sanción de hasta 30 días inhabilitada quedaría suspendida.