La Justicia ordena que se mantengan los escudos franquistas del Palacio de El Pardo pese a las quejas de la izquierda
No ve vestigios en vigor y no hay incumplimiento de la ley
El edificio de Madrid que ha aprovechado su reforma para eliminar un resquicio franquista
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia que puso la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica sobre la presencia de unos escudos franquistas en el Palacio de El Pardo, domicilio de Francisco Franco durante su dictadura, y ahora residencia oficial de jefes de Estado extranjeros de visita oficial en España. La Justicia no ve vestigios franquistas en vigor y no hay incumplimiento de la ley.
La propia ARMH lo comunicaba en una nota de prensa, después de que a mediados de febrero lo hiciera constar ante la Fiscalía General del Estado al entender que había incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
En la denuncia, la asociación instaba a la Fiscalía a investigar estos hechos y a tomar «las medidas judiciales pertinentes para sancionar la prevaricación y restablecer la legalidad» en el Palacio de El Pardo.
Según la entidad «no debería existir ninguna exaltación del dictador ni de su régimen», estas palabras hacen alusión al emblema que hay en la verja de la entrada y a otros en farolas de los alrededores.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica señala que el Gobierno debería haber retirado estos elementos en 2007 en virtud del artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica, pero considera que la obligación sigue vigente en la norma que amplió los supuestos de la anterior en octubre de 2022.
Por su parte, la Fiscalía argumenta que como la norma prevé la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas y el catálogo no existe todavía, Patrimonio Nacional no incumple la ley al no retirar los escudos.
La entidad defiende que «el escudo franquista celebra el asesinato, la desaparición forzada, la detención ilegal, el saqueo de propiedades y las torturas a cientos de miles de personas; considerar que toda esa celebración de violaciones de derechos humanos no atenta contra un grupo determinado de víctimas de la dictadura es un ejercicio de doble moral sin límites».
Hay que destacar que la Ley de Memoria Democrática obliga a retirar este tipo de objetos en lugares públicos, a no ser que «concurran razones artísticas o arquitectónicas» de protección legal, casos en los que será necesario incluir una reinterpretación.
La asociación pone como ejemplo la retirada de los escudos de la fachada de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid e incluso en cubertería, ropa de cama y otros enseres en las embajadas.