El edificio donde vive Ayuso tiene una placa franquista «completamente legal» que la izquierda critica

Isabel Díaz Ayuso resiste todo tipo de ataques en las últimas semanas acerca del piso donde vive junto a su pareja que ha sido imputado por presuntamente dos delitos. La izquierda ha utilizado este caso para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque, según ellos, Alberto González compró el piso donde conviven con el dinero de las comisiones que adquirió con la venta de material sanitario durante la pandemia. Una afirmación que la líder madrileña desmintió al indicar que la había comprado gracias a una hipoteca. Ahora la izquierda critica que en el inmueble haya un placa franquista que a su parecer «incumple la Ley de Memoria Histórica».

La propia Ayuso hacia referencia a esta elemento en el Pleno de la Asamblea que se celebró este pasado jueves para señalar que la izquierda ha creado una polémica donde no la hay.«¿Por qué cerró el bar de la casa que reformaba mi pareja antes de que fuera a vivir, cuya placa arriba era de la vivienda oficial de la época de Franco, que tacha con una placa decenas de miles de inmuebles de todo Madrid?… La trama de corrupción del novio de Ayuso», narró con ironía.

En el letrero se puede leer «Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley de 15 de julio de 1954». Hay que destacar que la nueva Ley de Memoria Democrática establece que estas placas se pueden quedar por «razones artísticas o arquitectónicas», tal y como es el caso del inmueble donde vive Ayuso.

Otro detalle importante es que la Ley de 1954 impulsó la promoción de viviendas protegidas de capital privado. Francisco Franco tenía especial interés en fomentar la promoción privada de viviendas protegidas, tal y como lo demuestra esta norma.

El dirigente incentivaba fiscalmente la compra de terrenos para la promoción de este tipo de viviendas privadas. De esta manera, el Estado aportaba materiales de construcción y subvencionaba la actividad económica privada en vez de darle el dinero directamente al ciudadano como se hace en la actualidad.

Además, eximían tanto al promotor como al ciudadano de impuestos si compraban esas viviendas protegidas. Y aunque fuera promoción privada se establecían unos precios máximos de venta y alquiler. También se concedían créditos blandos para la adquisición de estos inmuebles.

Obligatoriedad de la placa

La consecuencia de estas políticas de promoción de vivienda es que España se inundó de casas de promoción privada con precios asequibles y se generó un sector sano e inteligente. La Ley de 1954 establecía en su artículo 99 el procedimiento de descalificación de estas viviendas protegidas.

Este punto de la normativa venía a decir que en caso de descalificar este tipo de inmuebles y hacerlo 'libre' para poder venderlo, el propietario debía abonar todas las exenciones fiscales que disfrutó la vivienda.

La placa era de obligatoria instalación e indicaba a quien paseara por allí que esas viviendas no eran libres. Que estaban sujetas a precios máximos y un régimen de responsabilidad en caso de descalificación.

Cuando la democracia llegó, este sistema se eliminó, pero sus placas se han mantenido por una cuestión arquitectónica y legal como marca la ley. Por tanto, según afirman varios historiadores la placa no es «ilegal, ni ofensiva».

Además, se le suma que en la Ley de Memoria Democrática se indica que puede haber simbología franquista en los inmuebles por una razón «artística o arquitectónica». En el caso del edificio de Ayuso, esta placa se puso por una cuestión arquitectónica y legal para informar a todos los ciudadanos, de ahí que no incumpla ninguna normativa.