Sumar alega «torturas y vejaciones franquistas» en la sede del Gobierno de Ayuso para convertirla en un «espacio de Memoria Democrática»
Los de Yolanda Díaz han presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para debatirlo
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El partido de Yolanda Díaz persiste en su idea de convertir la sede de la Comunidad de Madrid en un «espacio de Memoria Democrática». Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se debata sobre este tema en cuestión. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su negativa a la hora de cumplir el deseo del partido de Díaz.
El consejero de Cultura, Mariano de Paco, señaló que la sede del Gobierno regional es «un lugar de libertad, es un lugar que queremos compartir con todos y que todos compartan con nuestra capital y con nuestra maravillosa región. En este momento la Casa de Correos es la casa de todos y el lugar de la libertad».
Entre los argumentos que ha presentado Sumar destaca que «durante la dictadura de Francisco Franco el lugar albergó las dependencias y calabozos de la Dirección General de Seguridad». La intención de esta propuesta es que se coloque en el edificio una placa en un sitio «visible» en el que aparezcan los nombres de las víctimas.
Según ha recogido el Boletín oficial de las Cortes Generales, los de Yolanda Díaz defienden que «la antigua Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue durante los años de la dictadura franquista la sede la Dirección General de Seguridad (DGS)».
Continúa señalando que «era la sede la Brigada Político Social y sus instalaciones se convirtieron un centro de detención y torturas por el que pasaron miles de personas por motivos políticos y sociales, por luchar por las libertades y la democracia».
La izquierda argumenta que estas personas eran «perseguidas y detenidas acusadas de asociación ilícita y propaganda ilegal. En realidad, una excusa para torturar y obtener información de miles de personas que, de una forma u otra, se atrevieron a contestar al régimen».
Asimismo, defienden que «la violencia, la tortura, vejaciones y malos tratos a los que la policía política franquista sometió a todas aquellas personas que pasaron los calabozos de la Dirección General de Seguridad, hicieron de este lugar uno de los escenarios más oscuros de la dictadura franquista».
Julián Grimau, dirigente del PCE
El argumentario relata el caso del dirigente del PCE, Julián Grimau, quien, según Sumar, «fue detenido, torturado, procesado por delitos nunca probados y ejecutado por el régimen franquista. Fue brutalmente golpeado en la Dirección General de la Seguridad, arrojado desde una ventana al patio interior del edificio, simulando un intento de suicidio o de huida».
«Es preciso reseñar las circunstancias en las que desarrolló su procesamiento ante un Tribunal Militar. En el caso del juicio a Grimau, ejerció de Fiscal un habitual de los juicios políticos, Manuel Fernández Martín, que en realidad nunca había estudiado Derecho», continúan relatando.
Otro caso que se detalla en el Boletín de la Cortes es que «en esta sede de la Dirección General de Seguridad, fue donde se llevó a cabo el encarcelamiento de Lluis Companys tras ser extraditado por las autoridades nazis alemanas al gobierno español a principios de septiembre de 1940».
Así, subrayan que «Companys estuvo recluido durante cinco semanas en régimen de aislamiento, sometido a hambre y torturas. Tras un juicio militar que duró menos de una hora y que careció de garantías jurídicas, fue acusado de rebelión militar y condenado a muerte».
Los de Yolanda Díaz concluyen diciendo que «hechos como los descritos no pueden permanecer en el olvido y las víctimas de esas graves violaciones de derechos humanos deben ser objeto del debido reconocimiento público».