Imploran al Gobierno que frene el desmantelamiento de la biblioteca sobre Hispanoamérica más grande de España

El Protocolo de Santa Pola, formado por más de una treintena de asociaciones hispanistas, ha escrito una carta abierta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para pedirle que el Gobierno de España detenga «de inmediato» las acciones de «destrucción del patrimonio cultural español, al desmembrar la segunda mejor biblioteca hispanista del mundo».

Se refiere a la biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que, según sostiene la carta, es la segunda biblioteca especializada en Hispanoamérica más grande de Europa, sólo por detrás de la de Berlín, y está entre las cinco mejores del mundo en esta temática.

«Esta Biblioteca cuenta con un edificio propio construido ex profeso en terrenos propiedad de la Universidad Complutense por los arquitectos José Luis Fernández del Amo y Antonio Fernández Alba. El segundo es unos de los más laureados arquitectos vivos de nuestro país y el edificio que nos ocupa representa su verdadero virtuosismo constructivo», recoge la misiva.

La cuestión es que los integrantes del Protocolo de Santa Pola, que representa a cientos de historiadores e investigadores que por sus «perfiles de interés» son usuarios asiduos de la biblioteca Hispánica de la AECID, han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que «se van a utilizar los espacios hasta ahora destinados a los usuarios de la biblioteca para albergar a los trabajadores que están en otros edificios alquilados y, a cambio, se habilitarán espacios de consulta en el edificio anexo, fuera, por tanto, de la biblioteca».

Según indica la carta a la que ha tenido acceso El Debate, este movimiento responde a dos motivos principales. Por un lado, al «ahorro económico del coste de los alquileres» y, por otro, a la viabilidad del proyecto Una AECID, es decir, «a reunir en un espacio único a todos los trabajadores y de este modo lograr un mejor articulado de todos sus efectivos».

Sin embargo, estos hispanistas no entienden ninguno de los dos motivos. Así, exponen que el primero les deja «perplejos». «¿Cómo va a ser un ahorro el despilfarro de tanto dinero como han invertido los contribuyentes para lograr una biblioteca de prestigio internacional?», se preguntan, al tiempo que sostienen que «una biblioteca propiamente dicha tiene que tener, además de libros y profesionales que la gestionen, espacio específico para los ciudadanos».

«Tal vez ya no se necesite un espacio tan grande, porque la digitalización produce cambios en los hábitos investigadores», conceden, pero «se tiene que sentir la integridad del concepto bibliotecario, que no ha cambiado».

Respecto al segundo motivo, opinan que «en plena era del teletrabajo, la digitalización, la deslocalización de empresas y dependencias de la Administración, no se puede asumir». «Y menos, para un ministerio que tiene en todo el mundo su campo de trabajo», subrayan.

«Nuestro ministro de Exteriores no merece tener que responder en el foro internacional por el incomprensible desconocimiento cultural y científico que representa la acción iniciada por su ejecutivo», sentencian.

En este punto, reconocen que ignoran si representantes de diversas entidades como la Universidad Complutense, los ministerios de Cultura y Ciencia, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital están informados de lo que está ocurriendo en esta biblioteca.

«Las dudas que tenemos son muchas y es imprescindible ir resolviéndolas. Necesitamos ampliar mucha información, y de un modo especial, necesitamos conocer los proyectos culturales y científicos por los que está apostando la AECID en lugar de por empoderar una Biblioteca como esta», arguyen.

Los firmantes consideran que habría que «tener ambición y lanzar un plan para ser la primera biblioteca de estas características, siendo actualmente la de Berlín la que tiene dicho privilegio» y defienden que «todavía hay tiempo de reevaluar el proyecto y analizarlo en todos sus términos».

«Ojalá se haga desde la responsabilidad institucional, y si la decisión es correcta, que nos expliquen lo que no logramos entender con la información disponible. Estamos abiertos a establecer un contacto personal con los directivos de la AECID», concluye la carta.