Almeida reta a llevar a los tribunales los documentos municipales sobre la vivienda de la pareja de Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha retado este lunes que quien considere que el Ayuntamiento ha cometido alguna ilegalidad en los documentos facilitados a la oposición sobre la situación del domicilio de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que vaya a la instancia correspondiente a denunciarlo.

El alcalde se ha expresado en estos términos en una entrevista en Antena 3 después de que la semana pasada el PSOE de Madrid presentara la la tercera denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción tras haber recibido del Consistorio el expediente sobre la citada vivienda que, aseguran, está «mutilado». Según la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, se está vulnerando el derecho a la información recogido en el Reglamento del Pleno y en la Ley de Bases de Régimen Local.

Sin embargo, Almeida ha señalado hoy en primer lugar que él no conocía el contenido de estos documentos, que los servicios públicos municipales que los han hecho «no han recibido ningún tipo de instrucción para elaborar esos documentos» y, en tercer lugar, que en cualquier caso el Ayuntamiento no puede difundir datos personales de particulares.

«Esos documentos siguen el cauce habitual que es la protección de los datos personales. En esos documentos están todos los datos que permiten saber cuál es el procedimiento administrativo, cuáles son las autorizaciones que ha habido, cuáles son las que no ha habido, cuál es el régimen de obras que se ha seguido. Ahora, cotillear sobre datos personales no es una cuestión que el Ayuntamiento de Madrid tenga que facilitar», ha sentenciado.

Además, sobre la declaración de este viernes de Alberto González Amador en calidad de investigado como presunto autor de dos delitos de fraude tributario y otro de falsedad en documento mercantil, el alcalde ha manifestado que se debería resolver primero la cuestión relativa a su cercenado derecho de defensa. Esto es, la investigación judicial tras admitirse la querella que presentó contra los dos fiscales que, supuestamente, divulgaron sus datos confidenciales contenidos en la negociación de un pacto de conformidad, por este primer caso, que nunca se alcanzó.

«Antes de resolver el delito fiscal está el derecho a la defensa, un proceso con todas las garantías procesales que, en este caso, se ha visto gravemente afectado», ha lanzado, al tiempo que ha insistido en que, a su juicio, «se ha cometido un delito, aunque no es mi opinión la que tiene que contar, sino de los jueces, pero lo que está claro es que aunque no fueran delitos, se ha visto gravemente afectado el derecho fundamental, que es el derecho a la defensa de la pareja de la presidenta». En este sentido, ha subrayado la importancia de saber «qué instrucción dio el fiscal general del Estado».