El Gobierno reabre el debate del Valle de los Caídos tras el batacazo europeo y las acusaciones de corrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una comisión interministerial para la resignificación del Valle de los Caídos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado esta medida tras los malos resultado en las elecciones catalanas y la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias.

Dicha reunión estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al que le acompañarán los ministerios de Presidencia, Hacienda, Transporte, Trabajo y Economía y también Transición Ecológica y Cultura.

«Se trata de un paso importantísimo para convertir este espacio en un lugar que fomente los valores constitucionales y democráticos», ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

En este sentido, ha añadido que «este Gobierno está comprometido con la Memoria Democrática de nuestro país, con la necesidad de promover el conocimiento y la reflexión del pasado».

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere abandonar el Valle de los Caídos para que se caiga por si solo y cuando no haya nada que se pueda conservar, convertirlo en un Centro de Interpretación.

Además, pretende extinguir y liquidar la Fundación de la Santa Cruz, entidad que se encarga de sustentar el conjunto monumental tras la retirada de todos los fondos por parte del Ejecutivo central en 2021.

En abril de este año, Ángel Víctor Torres señaló que antes de que termine 2025, los monjes benedictinos serán desahuciados en virtud de un real decreto que aprobará el Consejo de Ministros.

Esta aspiración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le complica debido a que «existen enormes dificultades canónicas y jurídicas» que impiden que echen a los religiosos del conjunto monumental.

Durante la celebración de la comisión de resignificación, Patrimonio Nacional está elaborando una auditoría de bienes. Tras este último procedimiento se «extinguirá la Fundación de la Santa Cruz».

Desde la Asociación en Defensa del Valle defienden que el Gobierno de Pedro Sánchez lo tiene muy difícil si quiere expulsar a los monjes benedictinos que viven allí porque existen «enormes dificultades canónicas y jurídicas que relacionan a España y a la Santa Sede».

En este sentido, explican que hay una diferencia entre la extinción de la Fundación de la Santa Cruz y que se expulse a los monjes benedictinos. «Aunque el Gobierno quiera liquidar la entidad del Valle, los monjes podrán seguir viviendo en este lugar porque así lo marca la ley», señalan desde la Asociación.

En caso de que la entidad de la Santa Cruz desaparezca, «será Patrimonio del Estado/Nacional o nuevas fundaciones la que se encarguen del cuidado del Valle de los Caídos. Siempre debe haber alguien que se encargue de asumir las competencias del conjunto monumental», subrayan desde la Asociación en Defensa del Valle.