Madrid reprocha al Gobierno haber atendido a más de 1.100 menas frente a los 30 previstos
La región se ha sumado a la petición de posponer la votación hasta conocer la información sobre los nuevos criterios de reparto
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha expresado su «perplejidad» ante el acuerdo al que han llegado el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central sobre el traslado de menores no acompañados. Este pacto unilateral está al margen de otras comunidades autónomas. Este anuncio se ha dado a conocer en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Desde la consejería de Familia de la Comunidad de Madrid han señalado que acudían a esta reunión «dispuesta a aprobar el acuerdo de reparto y el número de menores que el Ministerio había propuesto».
En el caso de Madrid suponía de 30 menores no acompañados con una dotación de 1,6 millones de euros. Además, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha defendido que la región ya ha atendido en «lo que va de año a más de 1.100 menores no acompañados por un gasto de cerca de 30 millones de euros».
En este sentido, el Gobierno madrileño ha mostrado su perplejidad «al conocerse la negociación del Gobierno de unos criterios de reparto obligatorios e impuestos en base a un acuerdo unilateral con una comunidad autónoma y no con todas».
Ante esta situación, Madrid se ha sumado a la petición de posponer la votación hasta conocer la información sobre esos nuevos criterios de reparto.
Aplazamiento de la votación
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes un «principio de acuerdo» con el Gobierno de Canarias sobre el texto de la modificación de la Ley de Extranjería y que permitiría el reparto de los más de 5.600 menas.
La consejera de Familia, Ana Dávila, ha cuestionado la labor de la ministra de Juventud, Sira Rego, quién estaba al tanto de este pacto.
Dávila ha explicado que este martes han conocido «este pacto con el Gobierno de Canarias para realizar un reparto adicional, con carácter de obligatoriedad, bajo la fórmula de un cambio legislativo de la ley de extranjería, sin tener en cuenta a ninguna de las comunidades autónomas afectadas».
En esta línea, ha remarcado que «en la reunión se ha aprobado la dotación presupuestaria para Canarias, Ceuta y Melilla, al tiempo que se ha dejado para una conferencia sectorial próxima la modificación de esos criterios y los nuevos repartos para las comunidades autónomas».
«Solicitamos que esa conferencia sectorial se celebre de forma urgente, que estén presentes todos los ministerios que tienen que dar explicaciones sobre los acuerdos que están llegando y que afectan a todas las comunidades autónomas», ha sentenciado.
Ana Dávila ha remarcado la exposición «dramática» que ha hecho Canarias durante su intervención en la reunión, ante lo que ha criticado que el Ejecutivo central no esté actuando «ni en origen, ni realizando las políticas migratorias adecuadas para frenar esta situación que está poniendo en riesgo».
Madrid ha pedido a Rego una modificación «urgente» de los criterios, que datan «del año 2022» en los que no había «esta crisis migratoria» ni las comunidades autónomas tenían «la presión de ahora», ha explicado la consejera, quien ha pedido que el Ministerio «declare la situación de emergencia migratoria» para que las autonomías puedan poner en marcha recursos «de forma ágil».
Por último, la Comunidad ha pedido una revisión de la dotación presupuestaria por plaza y por niño.