Cautela entre las asociaciones de prensa sobre el paquete «anti-bulos» de Sánchez: «Hay que conocer el contenido»

Las asociaciones de la prensa de España, con carácter general, han preferido esperar a conocer el contenido concreto del paquete de medidas que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra «la desinformación, los bulos y las estrategias de difamación de la ultraderecha» para valorarlo.

Así lo han afirmado desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la primera organización profesional de periodistas de España, con más de 17.000 miembros. «No podemos valorar esas medidas hasta que no sepamos en qué consisten», reconocieron interrogados por El Debate, en la misma línea que se pronunció la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Con todo, desde la APM recuerdan el comunicado que emitieron a finales del pasado mes de abril en el que rechazaban que «se siembren dudas sobre el ejercicio de la profesión periodística por el mero hecho de que se publiquen informaciones críticas hacia el Gobierno».

En ese escrito también indicaban al presidente del Gobierno que «existen mecanismos en nuestro sistema judicial y también en el ámbito profesional, como la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, a los que se puede acudir si se considera que se ha producido algún tipo de infracción».

«Los periodistas tenemos suficientes mecanismos de autorregulación para hacer frente a las patologías del periodismo y de los medios de comunicación que hacen innecesaria una ley de medios», agregan a este periódico otras fuentes dentro de la asociación madrileña, que advierten que «uno de los síntomas de las tendencias no democráticas de los gobiernos y de determinados partidos son las propuestas de limitar y controlar el ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos y de la libertad de expresión».

«El derecho a la información no implica derecho a la difamación, pero para combatir los bulos y las informaciones falsas existen mecanismos en nuestro sistema judicial e incluso en el ámbito profesional suficientes», apostillan.

Por su parte, desde la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) también esgrimieron que no pueden valorar «anuncios de futuras iniciativas» y, en todo caso, «por la naturaleza de posibles propuestas» se remitirán a las valoraciones que hagan la FAPE y la APM por su asociación se «centra en el trabajo parlamentario».

Andalucía

Mientras tanto, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía rechazan cualquier intervención política y/o gubernamental en el sector. «Para luchar contra los bulos y la desinformación, el colegio andaluz propone la autorregulación, que implica crear un Consejo General de Colegios de Periodistas de España», apuntan.

«Para lograr esa autorregulación, este colegio también propone la creación a nivel nacional de una herramienta pública que determine qué es un medio de comunicación y qué no», agregan. En Andalucía, expone Lorena Mejías, vicedecana del Colegio de Periodistas de la región, funciona el ROMDA, que permite a la ciudadanía identificar a los medios desarrollados con criterios periodísticos y que por tanto quedan sujetos tanto a responsabilidades como a los derechos.

«Serviría como referencia para saber dónde invertir los fondos públicos e institucionales», remata Mejías, a sabiendas de lo sumamente desproporcional que suelen ser las campañas publicitarias que las administraciones contratan con sus medios más afines.

Así, «lo primero que tendría que hacer el Gobierno si de verdad quiere luchar contra la desinformación es preguntarnos primero», declara, «ya que es muy habitual por parte del poder público lo de legislar sin tener en cuenta la opinión de los afectados».

Cataluña

Por su parte, el decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, el periodista de RAC1 Joan Maria Morros considera que «en líneas generales, estamos totalmente de acuerdo en que se ha de hacer educación mediática», y apunta dos colectivos en los que se debe concentrar –a su juicio– el esfuerzo: los estudiantes y las personas mayores. «Nuestro objetivo es que haya una asignatura en todos los institutos catalanes –o en toda España– para dar educación mediática», añade.

En referencia a una futura ley de medios, ha asegurado que «los periodistas ya sabemos el trabajo que hemos de hacer», y ha instado a que en la redacción de esta ley se cuente «siempre» con la participación de los colegios profesionales, porque «de la misma manera que impulsamos la educación mediática, lo que queremos es que haya libertad de prensa».

Preguntado sobre la supuesta lucha contra «el fango», ha citado como buena práctica el sello del Consejo de la Información de Cataluña, que garantiza que un medio respeta el código deontológico y podría servir como requisito para recibir subvenciones públicas. Con todo, señala que este sello «ha de gestionarse por parte de la profesión», porque «es un peligro entrar a través de las administraciones públicas».