Madrid calcula que terminará el año con más de 2.200 menas que suponen un gasto de 40 millones de euros

En lo que va de año, la Comunidad de Madrid ha acogido a 1.239 menores inmigrantes no acompañados. Una cifra que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso calcula que va a incrementarse hasta los 2.239, es decir, en 1.000 más, antes de que culmine 2024, según han apuntado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Una cantidad que va a sobrepasar ampliamente el número de menas que acogió Madrid en 2023, 1.340, y que pone de manifiesto la alta presión a la que se está viendo sometido el Ejecutivo madrileño, que gasta en el acogimiento de estos menores, a los que está obligado por ley a atender, 40 millones de euros anuales.

Desde la consejería de Ana Dávila critican que, a pesar de que Madrid ha aceptado el reparto de menas propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, tan sólo va a recibir 1,6 millones de euros para atender a 30 nuevos menores por lo que exigen que haya una «financiación adecuada».

«Madrid es una región de acogida, abierta e integradora», sostienen, pero, al mismo tiempo, consideran que España está atravesando una crisis migratoria provocada por el Gobierno de Sánchez que «no protege las fronteras, no actúa en los países de origen y no hace los controles necesarios en Barajas», por donde se han «colado» más del 50 % de los menores no acompañados llegados a la región capitalina.

Además, también señalan que otros cientos de menores han llegado a través de los campamentos para inmigrantes que el Ejecutivo central instaló en Alcalá de Henares y Carabanchel.

Madrid exige la celebración de una Conferencia de Presidentes para abordar la situación y denuncia que lleva un año solicitando, infructuosamente, coordinación e información porque, en la situación actual, «es muy difícil dar una buena atención a los menores».

Dávila denuncia que «los sistemas de protección de prácticamente todas las comunidades autónomas están colapsados por la inacción del Gobierno y este no puede estar constantemente pidiendo que hagamos esfuerzos sin hacer nada». La consejera opina que Moncloa debe activar un «fondo de contingencia» para que los gobiernos regionales puedan tener «los recursos necesarios para poder atender a los menores».

Ley de extranjería

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la solución a la crisis migratoria pasa por la modificación de la ley de extranjería. «La solución es la modificación de la ley porque lo que dice es que, una vez aprobada y con el derecho preservado del menor, en 15 días serían distribuidos por el resto del territorio español y eso es una medida efectiva que responde a que no haya un hacinamiento de menores como el que hay hoy en Ceuta, Melilla o Canarias», aseguraba este jueves el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una entrevista.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid tienen dudas sobre la constitucionalidad de esa modificación. Según ha desvelado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, la modificación que plantea el Ejecutivo fue trasladada a las comunidades autónomas tan sólo 24 horas antes de la celebración el pasado miércoles de la conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife, por lo que los respectivos gobiernos no han tenido tiempo suficiente para estudiarla en profundidad.

Madrid quiere realizar un «análisis jurídico exhaustivo» porque, tras una primera lectura, han detectado invasión de competencias exclusivas de las comunidades autónomas, como es la tutela y protección de los menores no acompañados. Una vez realizado ese análisis, toda vez hayan conocido el texto definitivo una vez registrado y, en su caso, enmendado en el Congreso de los Diputados, decidirán cuál será su «estrategia jurídica».