¿Qué dicen los acuerdos regionales PP-Vox sobre la cuestión migratoria?

El Partido Popular y Vox atraviesan esta semana su peor momento desde que empezaron su andadura. Hasta ahora había habido crisis puntuales, como en el caso de Castilla y León cuando el partido de Santiago Abascal impulsó el protocolo provida y hubo un momento en que se llegó a amagar con romper si no se aplicaba.

Aunque había cada vez mayor tensión entre las direcciones nacionales, los ejecutivos autonómicos funcionaban con normalidad y los dos partidos se mostraban relativamente satisfechos con los avances que se habían dado. Sin embargo, el reparto de los menores extranjeros no acompañados ha provocado la mayor crisis política entre ambos.

Hasta el punto de que, tras conocer que los populares aceptaron en la Conferencia Sectorial de Canarias acoger a 347 menas, Vox lanzó un duro comunicado en el que acusaba directamente a Alberto Núñez Feijóo de obligar a sus barones a aceptarlos y de romper los pactos. La decisión concreta la dará Abascal esta tarde, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué dicen esos pactos en materia migratoria que hoy puede quedar oficialmente rotos?

Castilla y León

El de Castilla y León fue el primera gobierno de coalición entre PP y Vox. Han pasado dos años desde que lo sellaron, y hasta ahora tanto Alfonso Fernández Mañueco como Juan García-Gallardo habían manifestado que la coalición era fuerte y funcionaba bien. Sobre la cuestión migratoria, el acuerdo, que cuenta con 32 acciones, recoge el compromiso de promover «una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León».

Aragón

El firmado entre los partidos de Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, tras las elecciones del 28 de mayo, presenta 80 medidas. Entre ellas, una establece que exigirán «la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento» en las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón. También, se recoge como uno de los puntos estratégicos del gobierno la mejora de la seguridad de los ciudadanos.

Comunidad Valenciana

En el caso valenciano, los partidos de Carlos Mazón y Vicente Barrera pactaron 50 medidas. Entre ellas se afirma que la Generalitat «dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas». También se compromete a suprimir las subvenciones de las entidades que amparen estas prácticas. Asimismo, subraya que asegurarán «el orden público y la seguridad de los barrios».

Murcia

Las formaciones que encabezan Fernando López Miras y José Ángel Antelo firmaron un acuerdo con 30 medidas. Sobre la cuestión migratoria, reafirman su apuesta por «la coordinación de las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir la delincuencia, erradicar con eficacia la acción de las bandas organizadas y luchar contra las mafias de la inmigración ilegal».

Extremadura

En el pacto firmado entre los partidos de María Guardiola y Ángel Pelayo Gordilla para Extremadura no figura la palabra inmigración, aunque sí el compromiso de exigir «el orden público y la seguridad de los barrios y zonas rurales» como pilares «prioritarios» del Gobierno. En este sentido, cabe recordar que la inseguridad en las calles es uno de los efectos de la inmigración ilegal y descontrolada que Vox denuncia.

Baleares

En el caso de Baleares, el partido que dirige en la región Patricia de las Heras se abstuvo para hacer presidenta a la popular Marga Prohens, y ambas formaciones firmaron un acuerdo con 110 medidas. En el primer punto del mismo, se comprometen a dotar a las islas de un gobierno estable para preservar entre otras cosas la seguridad de los ciudadanos «con especial atención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las mafias que la promueven y se lucran con el tráfico de seres humanos».

Así, una de las medidas que contempla ese acuerdo es aprobar un «plan de choque inmediato» contra la inmigración ilegal y la inseguridad, «garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir». Según explican en el acuerdo, este plan incluirá la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para identificar a las personas que están en situación irregular en el archipiélago para proceder a su repatriación «conforme a la ley».

Asimismo, se comprometen a exigir la acreditación de la residencia legal y no solo el certificado de empadronamiento a la hora de acceder a las subvenciones y ayudas del Gobierno autonómico. Y a potenciar la coordinación con las FCSE «ante los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven». Además, recogen su intención de asegurar el orden público y la seguridad en los barrios.