La Justicia da la razón por tercera vez a Ayuso sobre el centro de menas de Fuenlabrada

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha acordado la medida cautelar solicitada por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para suspender la ejecución del acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada relacionado con la reversión de la cesión de la Finca de La Cantueña, donde se levantará un centro de menas. La titularidad de la parcela corresponde a la Comunidad de Madrid. Esta es la tercera vez que un juez da la razón al Gobierno de Ayuso sobre esta cuestión.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó el pasado 29 de julio anular el convenio firmado hace 20 años con el Gobierno regional para impedir su puesta en funcionamiento.

Por ello, la Comunidad de Madrid, a través de sus servicios jurídicos, presentó este miércoles un recurso contra el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada relacionado con la reversión de la cesión de la Finca de La Cantueña.

En este espacio el Gobierno regional está construyendo un centro para acoger a los menores no acompañados que llegan a España y que el Gobierno central está trasladando a las comunidades autónomas.

Se trata de un inmueble cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid, por lo que no puede ser revertido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

En el auto la magistrada afirma que la Comunidad de Madrid «ofrece razones más que suficientes, con fundamento en la urgente necesidad de ampliar las plazas de atención a menores extranjeros no acompañados, a raíz del incremento de los flujos migratorios y su tendencia alcista, unida a la actual escasez de los recursos disponibles».

A su juicio, esto hace que «deba prevalecer el interés general de protección de los menores». «Este interés general debe prevalecer sobre cualquier otro interés general y, en concreto, sobre el interés general que representa el Ayuntamiento de preservar su patrimonio», incide.

Desde comienzos de este año, la red de protección de menores de la Comunidad de Madrid ha atendido ya a 1.500 jóvenes, más que en todo el año pasado (1.360 en 2023). La ocupación a día de hoy en nuestra red supera el 200 %.

Este complejo permitirá la creación de 100 nuevas plazas para reducir la tensión de la red de centros de menores regional generada por la crisis migratoria que no ha sabido gestionar el Gobierno central.

La juez destaca que son claros «esos perjuicios que se causarían como consecuencia de la reversión inmediata de los bienes cedidos a favor del Ayuntamiento de Fuenlabrada y que se concretan en la privación a la Comunidad de Madrid de la posesión y titularidad de un bien inmueble, del que ha dispuesto hasta ahora en virtud de un convenio suscrito con el Ayuntamiento».

«Y, con ello, imposibilitar la puesta en funcionamiento de un centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados, provocando la paralización de unas obras de acondicionamiento que han sido declaradas urgentes y de interés general», subraya.

«Lo cierto es que, de no adoptarse la medida de suspensión, se causaría un perjuicio irreparable, impidiendo o haciendo muy difícil hacer efectiva la resolución judicial que se adopte si para entonces el Ayuntamiento ha tomado posesión de la finca, impidiendo a la Comunidad de Madrid ejecutar unas obras en plazo, declaradas urgentes, perdiendo de este modo este recurso su legítima finalidad», concluye.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha celebrado el auto. Así, ha comentado que le «parece insólito, inaudito, esta fijación que tiene el alcalde con los inmigrantes que acuden a nuestra región y que tenemos el deber moral y legal de atender en las mejores condiciones».

Ana Dávila ha defendido el trabajo «de forma exhaustiva» de la Comunidad de Madrid «desde todos los recursos» con que cuenta «para incrementar las plazas» con las que atender a estos menores.

La titular de Asuntos Sociales ha subrayado que se trata de la «tercera vez» en la que la Justicia «ha dado la razón a la Comunidad de Madrid» frente a lo que considera un «boicot» por parte del alcalde de Fuenlabrada.

«Ya hemos atendido en lo que va de año a 1.500 menores, muchos más que en todo el año 2023, y necesitamos abordar esta crisis migratoria desde el Gobierno de España, desde el Gobierno central, para poder gestionar estos recursos con la adecuada financiación», ha defendido Dávila.