Enmienda a la totalidad: Madrid hace su propio balance anual del primer año de legislatura de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuraba este miércoles el curso político con un balance de su primer año de legislatura cargado de auto palmadas en la espalda por el buen trabajo desempeñado. Sin embargo, son muchos, incluido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, los que hacen un balance bien distinto de lo que han sido estos 12 meses del socialista en el poder, sostenido por los siete votos del prófugo Carles Puigdemont. «Caos, peajes y corrupción», es el resumen del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

Según el portavoz de Ayuso, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García Martín, son siete los principales puntos por los que se ha caracterizado este año de Pedro Sánchez, comenzando por el hecho de que se encuentra «acorralado por los casos de presunta corrupción en su Gobierno, partido y familia».

Y es que no hay que olvidar que al 'caso Begoña Gómez', en el que se está investigando a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se une la investigación abierta también al hermano de Sánchez, David Azagra, por delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias y el famoso 'caso Koldo', la causa que indaga sobre el presunto cobro de comisiones millonarias por la venta de mascarillas en la pandemia a distintas administraciones públicas dirigidas por el PSOE y que tiene su epicentro en el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos.

Es decir, Sánchez tiene ahora mismo, tal y como recuerda García Martín en su particular balance, a su mujer y a su hermano imputados y, además, por primera vez, un juez se ha trasladado al Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno. Una declaración que finalmente no se produjo porque el marido de Begoña Gómez se acogió al derecho a no declarar contra su esposa, aunque, poco después de esa negativa, ya como presidente del Gobierno, se querelló, a través de la Abogacía del Estado, contra el juez Juan Carlos Peinado que instruye la causa por prevaricación.

Pero las cuestiones judiciales que acechan a Pedro Sánchez no son lo único que le reprochan desde el Gobierno de la Puerta del Sol, donde también critican el «caos migratorio», así como el «absoluto descontrol en Cercanías».

Aunque el Partido Popular aceptó el reparto de menas propuesto por el Ejecutivo central, en virtud del cual Madrid recibía 30 menores, y que se saldó con la ruptura de Vox con el PP en todas las autonomías donde gobernaban juntas, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid arremeten constantemente y con dureza contra la política en materia de inmigración desplegada por Moncloa.

En este sentido, denuncian que Sánchez ha llevado a España a tener las «fronteras más permeables de toda la Unión Europea» y que no ayuda a las comunidades autónomas a hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes a pesar de que, en el caso de Madrid, tienen los centros de primera acogida de menores «saturados». Pero no sólo no ayudan sino que desde el Gobierno socialista de Fuenlabrada están tratando de torpedear por todos los medios la construcción de un centro de menas de casi un centenar de plazas que Madrid necesita levantar para atender a los menores extranjeros no acompañados que llegan de forma masiva a la región. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales calcula que Madrid terminará el año con más de 2.200 menas que suponen un gasto de 40 millones de euros.

Respecto a la situación de Cercanías en la región capitalina, en lo que va de año se han registrado cerca de 500 incidencias, mientras que en todo el 2021 se produjeron 447 y en 2022 tan sólo 337. Así, se observa que la tendencia va al alza, después de que el año pasado se registraran 710 incidencias. Con estas cifras en la mano, desde Madrid piden constantemente al ministro de Transportes, Óscar Puente, que invierta más en estas infraestructuras.

En otro orden de cosas, el portavoz de Ayuso tampoco olvida en su resumen los «peajes y chantajes» de los socios independentistas de Sánchez y lamenta que España se haya convertido en «un país en subasta, comprando votos a cambio de financiación».

Así se refería al acuerdo alcanzado el pasado lunes entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de Cataluña, a cambio de una «financiación singular» para la región, contra la que se han revuelto varios barones socialistas, con Emiliano García-Page a la cabeza, que ha tildado de «bochornoso» el acuerdo.

Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha avanzado que su Gobierno no se quedará quieto ante la «ruptura de la caja común de los españoles» por parte de Sánchez, quien este miércoles, en su balance, calificaba de «magnífico» el acuerdo con los separatistas catalanes. Un balance que dista mucho del del Gobierno de Madrid.