La receta de Ayuso para evitar que agresores cambien de sexo y que el Gobierno de Sánchez se niega a aplicar

El pasado 13 de junio la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, se reunió con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Un encuentro que llevaba solicitando la representante madrileña mucho tiempo y que, al fin, se producía. ¿El motivo? Plantear al Gobierno de Pedro Sánchez introducir cambios en la ley trans para evitar que agresores sexuales puedan cambiar de sexo para tratar de eludir la justicia o, incluso, acercarse por esta vía a sus víctimas.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Dávila salió de esa reunión profundamente «desalentada» ante la «negativa total» que encontró en la ministra para introducir cambios en la ley para evitar este tipo de situaciones. Según recuerdan a este periódico fuentes de la consejería, la ministra se escudó en que se trataban de «casos excepcionales» por los que no iban a modificar la legislación.

La receta que planteaba Madrid pasaba por, en primer lugar, la intervención de algún organismo independiente para hacer un análisis de lo que está sucediendo con esta ley en todas las comunidades autónomas.

Además, pidieron que esa situación de «fraude de ley» se incluyera dentro de la norma con criterios para poder hacerle frente. «No podemos abordar la apariencia física, no podemos abordar informes técnicos de ningún tipo, porque así lo dice la ley, y necesitamos que el Ministerio nos apoye en esa posibilidad de definir cómo podemos decirles a los técnicos, a los funcionarios, a las personas que atienden a las mujeres víctimas, que esto puede ser un fraude», explicó la consejera.

A raíz de las últimas informaciones sobre este tipo de prácticas en torno a la deficiente ley trans, como el de un ertzaina que intentó agredir a su mujer en San Sebastián cuando ya se había cambiado de sexo en 2023, la consejera madrileña ha recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva «meses» avisando del riesgo de la ley trans de Pedro Sánchez para las mujeres víctimas. «Cada vez más desprotegidas, es un sinsentido», agregaba.

Y es que el hecho de cambiar de sexo hace que estas personas, en su caso, en lugar de ser juzgadas por un tribunal especializado en casos de violencia de género lo son por un tribunal penal algo que provoca una reducción de la pena.

«0'001 por ciento»

A pesar de todo, no parece que la ministra Ana Redondo tenga la más mínima intención de cambiar de opinión y apunta a que estos casos fraudulentos suponen el «0'001 por ciento» de los 6.000 cambios de sexo que se han producido en España en el último año. «Es un porcentaje muy pequeño», recalcaba este jueves en declaraciones a la prensa, dejando constancia de su negativa a ayudar a las mujeres afectadas por esta coyuntura, cada vez más recurrente.

Para la sucesora de Irene Montero al frente de Igualdad, esos casos ya están los suficientemente perseguidos por la Fiscalía y sus autores se enfrentan a condenas por fraude de ley.

«Esas personas van a tener que responder, como digo, por delitos que no son menores y probablemente su situación se complique todavía más. El fraude de ley no está permitido en la legislación ni en el ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley, ni con respecto a ninguna otra», ahondaba.