El líder del PSOE en Madrid, Juan LobatoEuropa Press

Partido Socialista

Lobato enseña la puerta a la exalcaldesa socialista de Móstoles obligado por las normas internas del PSOE

El código de ético del PSOE no deja lugar a dudas, cualquier cargo al que se le abra juicio oral en un procedimiento penal debe solicitar la baja voluntaria como afiliado y dimitir de su cargo. De no hacerlo, señala el documento, esta persona podrá ser suspendida cautelarmente de militancia. Eso es lo que, si la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse no se da de baja del PSOE motu proprio una vez se ha conocido que deberá sentarse en el banquillo por presunta prevaricación por el caso ITV, hará el líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, que ya ha anunciado que va a tramitar a la Comisión Federal de Garantías el expediente de Posse para que «tome las decisiones que allí correspondan».

El líder de los socialistas madrileños ha reiterado en diversas ocasiones que, una vez se abriera juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles, sería «contundente» en la aplicación de las normas internas del PSOE al respecto. Así las cosas, este martes, al conocerse que Posse se sentará en el banquillo, ha presumido de «coherencia».

«Yo he tratado de ser coherente siempre, desde hace dos años y medio vengo diciendo y haciendo lo mismo, el día que se abre juicio oral a un militante socialista de Madrid se traslada expediente automáticamente a la Comisión Federal de Garantías, sin excepción», ha afirmado, presumiendo de hacer algo, a lo que, realmente, está obligado por las reglas internas por las que se rige su partido.

Y es que, además de en el código ético, en los estatutos del PSOE, también figura en el artículo 90 que «procederá la suspensión cautelar de afiliación de aquellas personas incursas en un proceso penal respecto de las cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por delitos (...) ligados con la corrupción».

A pesar de los alardes de coherencia y de lucha contra la corrupción que ahora hace Juan Lobato, lo cierto es que decidió que Noelia Posse se presentara como candidata del PSOE a las últimas elecciones municipales de Móstoles, a pesar de que ya estaba procesada por presunta prevaricación en ese mismo caso. Comicios que ganó el popular Manuel Bautista, quien se alzó como nuevo alcalde de la localidad con el apoyo de Vox. El alcalde se ha lanzado a pedir el cese de Posse tras conocerse la noticia de apertura de juicio oral.

La exalcaldesa de Móstoles Noelia PosseEuropa Press

Con todo, existe un resquicio al que se podría aferrar Posse, y es que el código ético del PSOE establece que «cuando el procedimiento se siga por delitos distintos a cohecho, tráfico de influencias, malversación, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, previamente a la baja voluntaria y dimisión podrá solicitarse a la Comisión Federal de Ética y Garantías, a la vista de la naturaleza de las concretas circunstancias del caso, autorización para mantenerse el cargo hasta la resolución del procedimiento judicial».

En la actualidad, Posse es concejal del PSOE en el Ayuntamiento, así como cinco de los ocho imputados a los que también se ha abierto juicio oral por el mismo caso. Es decir, que sobre ellos también pesarían las normas internas del Partido Socialista y el grupo parlamentario en el Ayuntamiento mostoleño podría verse reducido prácticamente a la nada.

Tanto Posse como el resto de miembros de su antiguo gobierno municipal están acusados de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por condonar una deuda de 2,45 millones de euros a la empresa ITV Móstoles S.L.

En la resolución conocida este martes se requiere que los acusados abonen de forma conjunta una fianza de 817.453 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso. La Fiscalía ha pedido doce años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo para los presuntos implicados en la decisión de perdonar la deuda.

Noelia Posse llegó al Consistorio mostoleño en 2018, tras la renuncia del socialista David Lucas Parrón. Desde entonces, además del escándalo del caso ITV, la exalcaldesa también estuvo en el punto de mira por enchufar a media docena de personas de su más estrecho entorno en diferentes puestos del Consistorio. Posse reconoció que fue un «error» y los socialistas madrileños calificaron de «obscena» esta práctica.

Tanto el Partido Popular como Más Madrid han exigido a Lobato el cese inmediato de Noelia Posse. «La corrupción rodea al PSOE de Sánchez, a su Gobierno, a sus ministros y a su entorno más personal. Pero también la corrupción rodea aquí en la Comunidad de Madrid al PSOE en los ayuntamientos donde ha gobernado. Hoy hemos conocido que se ha abierto juicio oral a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, por prevaricación en el famoso caso de las ITV. Por eso debe dimitir, igual que sus exconcejales», lanzaba el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, tras conocer la noticia.

Por su parte, Manuela Begerot, portavoz de Más Madrid en el parlamento madrileño, pedía al secretario general del PSOE-M «cumplir su palabra» e iniciar los trámites para la expulsión de la alcaldesa, algo que ya ha hecho. Además, le afeó que permitiera que repetir como candidata del PSOE al Ayuntamiento de Móstoles con lo que «facilitó un Gobierno del Partido Popular».

Posse defiende su inocencia

Mientras tanto, Noelia Posse ha salido este martes a defender su inocencia de cara al juicio que tendrá lugar en los próximos meses. La socialista insiste en que «lo que se ha notificado es el auto de apertura del juicio oral que emite el Juzgado de Instrucción y que sigue la línea que marcó ya la Audiencia Provincial en marzo de 2023 eliminando cualquier delito de malversación y dejando un presunto delito de prevaricación administrativa».

Además, incide en que esta es la tesis «que mantiene también el fiscal y el propio Ayuntamiento» que se personó recientemente, y que esto, por tanto, evidencia «que lo que pretendían en sus acusaciones los exconcejales de Más Madrid -que presentaron la querella inicial, Gabriel Ortega y Susana García Millán- no es más que un empecinamiento personal, que por desgracia persiste en el tiempo y que seguimos sufriendo».