De Móstoles a Alcorcón y Arganda: todos los casos que han salpicado al PSOE en Madrid

Se cumple una semana desde que se destapase el caso de corrupción del PSOE que implica a varios ministros del Gobierno de Sánchez por mordidas a la hora de comprar material sanitario. Los escándalos del Partido Socialista han sido algo habitual a lo largo de las pasadas legislaturas en Madrid. Varios municipios de la región estuvieron salpicados por alguna irregularidad.

Móstoles

El municipio de Móstoles se vio manchado por el caso ITV y también su exalcaldesa, Noelia Posse, junto a ocho ediles. La regidora condonó una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

Según la querella presentada por Más Madrid y Ganar Móstoles, la Junta Municipal presidida por la exalcaldesa socialista aprobó de forma fraudulenta la disolución de la deuda de 615.000 euros a ITV Móstoles SL.

Además, se le juzga por un «presunto delito de malversación de caudales». La juez María Pinto ha dictado un auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, lo que supone un paso previo a la apertura de juicio oral contra Posse por el delito de prevaricación.

A Noelia Posse también se le acusa de acoso laboral por «apartar» a dos mujeres de su cargo como secretarias en las concejalías de Recursos Humanos y Servicios Sociales y Mayores de forma «arbitraria e injusta.

Alcorcón

La exalcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, fue condenada a cinco años de inhabilitación por la quiebra de Emgiasa, la empresa de vivienda municipal. La edil quedó fuera de administrar, representar o administrar cualquier entidad pública o privada.

De Andrés fue miembro permanente del consejo de administración durante los años 2009 a 2011. La quiebra de la empresa de vivienda se debió a una gestión «negligente» por una conducta dolosa que agravó la situación de insolvencia».

La edil repartió dividendos y el traspaso a reservas voluntarias por un importe de 35,5 millones de euros a sabiendas que el consejo de administración debía hacer frente a los pagos de 114 millones de euros para la construcción de un Centro de Artes.

A Natalia de Andrés se la condenó por colocar a dedo a su hijo en la Concejalía de Juventud y ponerle un sueldo de 52.000 euros.

Arganda

El municipio de Arganda se ha visto envuelto en varios casos de corrupción del PSOE. El último que se ha destapado ha sido en relación a los Presupuestos Municipales de 2022. El actual Gobierno del PP descubrió que los socialistas habían inflado las cantidades para comprar la opinión pública.

«No había 95 millones de euros de ingresos. Hay 65 millones cómo máximo», señalaban fuentes del Consistorio. La cifra que expuso el PSOE en 2023 fue un cálculo irreal que ha condicionado las cuentas municipales de ese año y mandó un mensaje adulterado a la ciudadanía en año electoral.

Otra de las medidas que tomó el PSOE durante sus años de mandato fue quitar la Corona Real del escudo de Arganda del Rey. En su lugar colocaron cinco círculos. El nuevo Gobierno del PP la ha retomado.

Un escándalo que salpicó al municipio fue la deuda hereditaria que le ha tocado al actual alcalde, Alberto Escribano, por firmar un convenio con una constructora. Los socialistas obviaron la deuda y ahora recae sobre el edil del PP. Cada mes tiene que abonar 300 euros.

El PSOE también dejó en situación desfavorable al 60 % de los colegios públicos del municipio al no pasar la inspección técnica del edificio. Muestra de lo ocurrido era que el CEIP Rosalía de Castro tenía una de sus pasarelas clausuradas desde hacía meses y la escalera exterior con necesidad urgente de rehabilitación.

El actual equipo de Gobierno descubrió en julio de 2023 que el PSOE mantenía una deuda de facturas impagadas con empresas como la UNED y Élite Inserción. La suma total ascendía a 6 millones de euros.

Entre las empresas afectadas el nuevo de alcalde de Arganda, Alberto Escribano, situó a la empresa FCC, encargada del servicio de limpieza del municipio desde noviembre de 2022, como la más afectada y con la que el Ayuntamiento acumula una deuda de 2 millones y medio de euros.

Torrelodones

El alcalde socialista de Torrelodones, Alfredo García-Plata, recibió una subvención aprobada en Junta de Gobierno con su propio voto. La ayuda estaba destinada a sufragar parte de los gastos de la vivienda habitual y tenía una cuantía de 300 euros.

El PP indicó que esa ayuda era para «viviendas de familias vulnerables» y no para personas que cobran una «nómina de más de 50.000 euros al año.

A este caso, se le suma la polémica del cuartel de la Guardia Civil. El Ayuntamiento torresano quiso trasladar el cuartel de la benemérita sin tener potestad alguna.

Los propios agentes se posicionaron en contra de la desaparición del cuartel de la Colonia, ya que es la única presencia de seguridad en esa zona de Torrelodones. Finalmente la cuestión se llevó a la asamblea de Madrid y se desestimó este cambio que solamente quería el alcalde.

Coslada

Este municipio madrileño se vio señalado por un delito de prevaricación urbanística y patrimonio histórico por parte del exalcalde, Ángel Viveros.

El ministerio Público le pidió casi cuatro años de prisión, una multa diaria de 12 euros durante 18 meses (6.480 euros) y una sanción a pagar a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que asciende a los 2,2 millones de euros.

Según el fiscal del caso, el 10 de diciembre de 2010 la Junta de Gobierno del Consistorio de Coslada que encabezaba el primer edil, dio luz verde a la concesión del permiso a los empresarios para intervenir en la parcela con valor histórico de El Calvario.

Ignoraron la obligación de solicitar una autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, ya que ese yacimiento está protegido con el fin de decidir si merece la declaración de Bien de Interés Cultural.

Getafe

La Policía está investigando una supuesta trama de coacciones y cobro de comisiones ilegales a varios restaurantes de la localidad en el conocido como caso Terrazas.

Tal y como explican los getafeños, se ha extorsionado a los propios comerciantes con el cobro de hasta 400 euros para la obtención de licencias. Un caso en el que también apuntan a que hay más hosteleros de la ciudad afectados y que viene produciéndose desde el año 2021.

Otro escándalo del Gobierno socialista fue la defensa de las guías sexuales para niños. El documento contenía una representación de la Virgen María en la le atribuyen de forma peyorativa las frases: no desearás, no gozarás, por mi culpa por mi gran culpa, serás casta y pura y no decidirás tu aborto.

Finalmente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 08 de Madrid obligó al Ayuntamiento de Getafe a retirar estas guías.

Fuenlabrada

La polémica en este municipio viene desde 2011 por favores entre familiares. A la hora de acceder a una plaza de funcionario se hacen previamente pruebas que los sindicatos llaman «simulacro de oposición».

De estas pruebas se registró lo siguiente: para conserje, de 11 plazas disponibles para 1.700 personas, acertaron siete. Todos con vinculaciones al PSOE o a sindicatos afines. Para barrendero, acertaron 18 de 31 nombres entre 1.236 personas.

En 2018 la nuera de José Antonio Griñán fichó por el Ayuntamiento. También dos hijos del exalcalde Manuel Robles trabajaron para Fuenlabrada y Parla. En 2022, la Justicia condenó al Ayuntamiento socialista por contratación irregular.

Leganés

El Partido Popular denunció al antiguo Gobierno de Santiago Llorente por presuntamente incurrir en fraude de ley al lanzar una adjudicación de 20 años por 13 millones para la explotación de las pantallas informativas en el mobiliario urbano de la ciudad.

El Ayuntamiento socialista quiso simular una cesión de dominio público cuando en realidad era un contrato de concesión de servicios que, como máximo, puede extenderse a cinco años, tal y como recogen las directivas europeas y los tribunales de contratación autonómicos.

Cenicientos y San Martín de Valdeiglesias

El Partido Popular apuntó en junio de 2022 varias tramas de corrupción del PSOE en estos dos municipios. En Cenicientos, el Tribunal de Cuentas acordó enviar a juicio a la alcaldesa del Ayuntamiento de Cenicientos, Natalia Núñez Jiménez, al apreciar la «posible existencia de un menoscabo en los fondos públicos».

Por otra parte, la Operación Pantano desplegada por la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil llevo a la detención de la exalcaldesa socialista de San Martín de Valdeiglesias Mari Luz Lastra parte de una denuncia del actual Gobierno Local en relación a diversas irregularidades en la gestión pública de la anterior Corporación Local.