Las claves de la nueva Ley de Universidades de Ayuso para blindarlas de «los excesos ideológicos»

La ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se encuentra ya trámite de consulta pública previa, en el que el Ejecutivo tiene intención de escuchar a todos los actores implicados y de donde saldrá un primer texto sobre el que se trabajará para perfilar la legislación definitiva.

Hasta la fecha, el Gobierno madrileño se ha reunido ya varias veces con rectores de las universidades públicas madrileñas para compartir con ellos sus primeras ideas y objetivos que persiguen con esta ley.

A pesar de que se encuentra en plena fase de elaboración, la ministra de Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant, ya ha salido en diversas ocasiones a criticar esta ley, aduciendo que se trata de un «plan oculto de privatización» de universidades de Isabel Díaz Ayuso. Unas críticas que le ha afeado la presidenta regional, recordándole que no ha podido si quiera leer el texto legislativo puesto que aún no existe como tal.

Así las cosas, este jueves, durante el solemne acto de apertura del curso 2024/25 celebrado en la Universidad Carlos III, Isabel Díaz Ayuso deslizaba algunas de las claves de esa ley, al tiempo que abogaba por combatir la endogamia y la intromisión de perfiles no cualificados en las universidades, lo que viene a ser una respuesta para que no vuelvan a repetirse casos como el de Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

A grandes rasgos, la nueva Ley de Universidades de Madrid busca compensar, dentro de las competencias autonómicas, «los excesos ideológicos, el intervencionismo y la imprevisión presupuestaria de la LOSU».

«Apostamos por la libertad de pensamiento, expresión y de cátedra, por la colaboración público-privada, la autonomía universitaria, por la transparencia, la pluralidad, la convivencia y el decoro de la vida universitaria; y por la calidad», desarrolló Ayuso en su discurso de inicio de curso.

Para ello, la ley va a proponer un modelo de financiación plurianual, revisable cada cinco años con una financiación básica para el normal funcionamiento de la universidad, una financiación por necesidades singulares y una tercera aportación por objetivos, que sería adicional, opcional y competitiva.

Además, tal y como explicó Ayuso, otra de las prioridades del texto va a ser promover la investigación de alto nivel y la ciencia en sectores como la industria aeroespacial, la personalización y prevención en salud, cuidados paliativos, materiales semiconductores, Inteligencia Artificial, o valorización energética.

El exceso de regulación y la falta de fondos serán dos objetivos a batir de esta regulación, que se va a centrar en la búsqueda de nuevas fórmulas y proyectos europeos para captar financiación pública y privada y dar las herramientas para dinamizar los equipos de investigadores.

Asimismo, se va a fomentar la generación de patentes licenciadas a la industria y de empresas start-ups, al tiempo que se trata de internacionalizar la universidad.

En este sentido, Ayuso desveló la puesta en marcha del nuevo programa Imdea Gabriella Morreale para llevar a cabo «proyectos estratégicos capaces de atraer inversión, generar puestos de trabajo en áreas avanzadas y especializadas y obtener grandes beneficios para la sociedad».

La implantación de esos proyectos, desveló la presidenta, se canalizará a través de la nueva Oficina Regional de Innovación Tecnológica.

Por otra parte, la ley permitirá el reconocimiento de todas las acreditaciones y el fomento de programas de atracción de los mejores docentes e investigadores, vengan de donde vengan, como muestra de que «la universidad madrileña está abierta a los profesores, investigadores y alumnos del resto de España y del mundo entero».

En concreto, la presidenta autonómica tiene interés en atraer, sobre todo, profesores hispanoamericanos valiéndose de la seguridad jurídica y evitando la hiperregulación.

Otra de las claves de esta nueva legislación autonómica es que recuperará el requisito que retiró la LOSU de que los rectores de universidades deban ser catedráticos. «Nosotros, en el ejercicio de nuestras competencias, y buscando recuperar el prestigio y la excelencia en el gobierno de las universidades, proponemos que los candidatos a rector estén al menos acreditados para ser catedráticos», explicó Díaz Ayuso.

Medidas para reforzar la exigencia como solución al desprestigio que sufren algunos grados y potenciar las prácticas para conectar al máximo la universidad con el mundo profesional, serán aspectos que también abordará la ley, así como la inclusión de una regulación específica para las escuelas de negocios.

La presidenta Díaz Ayuso también se ha fijado como objetivo convertir Madrid en la región capital de los estudios superiores en español, para lo que se potenciará el idioma y este será el primer curso en el que los estudiantes hispanoamericanos paguen la misma matrícula que los españoles y el resto de los europeos comunitarios.