Así defiende el delegado del Gobierno en Madrid el pacto de Sánchez con Bildu para modificar la 'ley mordaza'

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se hizo conocido cuando, al poco de llegar al cargo, aseguró en un desayuno informativo que Bildu había hecho más por España que los «patrioteros de pulsera» por haber apoyado el Estado de Alarma del Gobierno de Pedro Sánchez, posteriormente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Con esos antecedentes tampoco es de extrañar que este viernes haya defendido a capa y espada el pacto del Ejecutivo con Bildu para reformar la conocida popularmente como 'ley mordaza'. Para Martín, pactar esa ley de seguridad ciudadana con quienes acumulan cientos de asesinatos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como ha recordado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es lo que había que hacer porque esa modificación de la ley es «un compromiso del Gobierno desde 2018».

El delegado del Gobierno en Madrid hace así oídos sordos a las críticas policiales que aseguran que esa reforma afectará a su capacidad operativa porque, según él, la intención es «corregir los puntos más lesivos de la seguridad ciudadana». «La policía seguirá trabajando en las buenas condiciones actuales y futuras», ha asegurado a los medios de comunicación tras su participación en los actos del Patrón de la Policía Nacional en Madrid.

Algo con lo que muchos policías no están de acuerdo. Sin ir más lejos, el pasado miércoles uno de los agentes premiados con motivo de esa celebración aseguraba en un acto, en presencia del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el Gobierno cada vez «quita más autoridad para dársela al criminal».

Mientras tanto, Martín, interrogado este viernes por la posible rebaja de sanciones por desobediencia a la autoridad, ha reconocido que algunas medidas «pueden generar desconcierto» pero ha subrayado que las sanciones van a volver a ser las contempladas antes de la reforma de la ley perpetrada por el PP en 2015.

«Vamos a volver a esa otra condición y, desde luego, eso no creo que afecte en absoluto al reconocimiento de la autoridad», ha opinado, antes de arremeter, como es su costumbre, con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. «Creo que eso merma mucho más esa autoridad de la Policía cuando se siembran dudas sobre su profesionalidad como irresponsablemente algunos dirigentes políticos, algunos en la Comunidad de Madrid, hacen de vez en cuando que aquello de lo que estamos hablando ahora», ha sostenido.

Una postura antagónica, como también viene siendo habitual, a la expresada por la presidenta madrileña quien ha abogado por la ilegalización de Bildu y ha expuesto que, si esta se hubiera realizado antes, no «tendríamos que estar ahora viendo una ley contra la Policía».

«Esta semana veíamos, justo cuando un joven policía le rogaba al ministro del que depende más ayuda y consideración, como la seguridad y el orden público se ponen a los pies de este partido que ha llegado al poder acabando con la vida de policías, de guardias civiles, de militares, de civiles, de niños y, por tanto, así es como está nuestro Estado de Derecho, por estos votos», ha lamentado.