Todas las cesiones que Sánchez ha dado a Bildu a cambio de su apoyo para seguir en Moncloa

Este jueves, se hacía público que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez había llegado a un acuerdo con el partido de Arnaldo Otegi para reformar la ley de seguridad ciudadana, o la ley mordaza, como la califica la izquierda. Esto supone de facto que en las manos de Bildu estará la modificación o la derogación parcial de la ley aprobada en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Se trata de la última concesión del Ejecutivo a quien es socio preferente desde que unieron sus caminos hace seis años, cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa. El mismo dirigente socialista que años antes había reiterado: «Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo cinco o veinte veces». Llega además un día después de que se conociera también que el Gobierno vasco concedió el tercer grado a los etarras Harriet Iragui y Luis Mariñelarena.

Acercamiento y excarcelación de etarras

Han pasado tres años desde que Otegi señaló aquello de: «Tenemos 200 presos, y tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos sin ningún problema». Una frase que desvela uno de los objetivos de un pacto oculto entre los socialistas y Bildu. El 24 de marzo de 2023 culminaba la política de dispersión de los presos. Ya no quedaban presos etarras fuera de las cárceles vascas. Como contaba El Debate el pasado agosto, el Gobierno vasco concedió el tercer grado en un solo año a 32 etarras.

La Guardia Civil, expulsada de Navarra

En septiembre, Sánchez y sus socios votaban en el Congreso a favor de la modificación del Amejoramiento del Fuero de Navarra, que permite que las competencias en materia de tráfico sean competencia exclusiva del Gobierno navarro, y por tanto que de ello se encarguen los policías forales y no la Guardia Civil. Se enmarca dentro de un plan para ir desmantelando la Benemérita en este territorio.

Ley de Memoria Democrática

Gracias a un partido como Bildu, que cabe recordar, por ejemplo, que presentó a las elecciones municipales listas en las que figuraban 44 condenados por pertenencia a la banda terrorista, siete de los cuales contaba con delitos de sangre, salió adelante la pasada legislatura la llamada ley de Memoria Democrática, una norma con la que el Gobierno, dando un paso más allá respecto a la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, ha pretendido reescribir parte de la historia de España, de la mano de los de Otegi.

El Ayuntamiento de Pamplona

El pasado diciembre, trascendía una parte del pago de Sánchez a Bildu por su apoyo a su investidura: el PSOE respaldaba en Pamplona la moción de censura de Bildu para arrebatar a UPN la alcaldía, solo seis meses después de que Cristina Ibarrola tomara posesión de su cargo, y pese a que tiempo atrás desde el PSOE voces como la de la hoy ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, aseguraran que no harían alcalde al candidato de Bildu.

A todo esto se suman otra serie de concesiones a las que Sánchez se ha comprometido con Bildu, bien para sacar sus presupuestos años anteriores o bien para revalidar su cargo al frente del Gobierno. Como por ejemplo medidas para favorecer la «normalización» del euskera, tales como garantizar la emisión de ETB 3 en toda Navarra, o de índole económica.

El próximo desafío: «la nación vasca»

Al principio de esta legislatura, desde Bildu se esperaba que en la nueva legislatura se abra «un debate en torno a la plurinacionalidad del Estado y los derechos nacionales de nuestro pueblo». Y en ello volvía a incidir esta semana Arnaldo Otegi, que anunció la convocatoria de una movilización, el próximo noviembre en Bilbao, para exigir «respeto a la nación vasca», y recalcaba en este sentido que ahora el contexto es «muy señalado», puesto «es evidente que está abierto el debate sobre los problemas nacionales que existen en el Estado, sobre el modelo territorial y sobre la plurinacionalidad».

E incluso apelaba al PNV para llegar a un acuerdo «abertzale» de mínimos y defender juntos cuestiones como la nación o el esuskera. Este martes, en las Juntas Generales de Vizcaya, por ejemplo, ambos partidos aprobaron una resolución con la que se mostraban a favor de un nuevo estatus que recoja el derecho a decidir, el reconocimiento de Euskadi como nación y la bilateralidad con el Estado.