La consejera de Sanidad de Madrid defiende la objeción de conciencia al aborto pero dice que hay que «proveer el servicio»

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se ha mostrado este lunes contraria a la creación de un registro de objetores de conciencia al aborto pero, al mismo tiempo, ha recordado que hay que «cumplir la ley» y «proveer ese servicio» y ha pedido «no estigmatizar» ni a los sanitarios que se acogen a la objeción de conciencia, pero tampoco a los que sí realizan esas intervenciones.

Así se ha pronunciado la consejera tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este lunes con la ministra del ramo, Mónica García. Matute ha recalcado que hay que «proteger» el derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia porque «nadie puede obligar a quitar la vida a alguien». Sin embargo, y pese a reconocer que el aborto es quitar la vida a un bebé, ha defendido que es un «servicio» que hay que «proveer» y, por tanto, tampoco se puede estigmatizar a los médicos que lo practican.

«Ese registro no tiene ningún sentido cuando tú, el minuto antes de realizar un aborto o una eutanasia, puedes alegar que tienes objeción de conciencia, porque nadie puede obligar a que quites la vida a nadie. Lo único que, como gestores, sí que tenemos la obligación de proveer un servicio. Con lo cual, dentro de ese marco, nosotros vamos a respetar la ley, pero vamos a proteger a nuestros profesionales sanitarios», han sido sus palabras ante los medios de comunicación al término de ese encuentro en el que se ha hablado de la creación del registro de profesionales objetores al aborto, tal y como contempla la reforma de ley del aborto impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero.

«Hay que proteger al personal sanitario y no sanitario de ese derecho a la objeción por temas éticos, morales, filosóficos o religiosos», ha insistido, al tiempo que ha recordado que la Ley de Protección de Datos protege a todos esos profesionales «que estén registrados en cualquier lista, a que sus nombres no aparezcan en ningún sitio, a no ser que el juez lo pida».

«El derecho del usuario no está por encima del derecho del sanitario, dentro de lo que marcan todas las legislaciones», ha concluido.