Ayuso cifra en 4.100 los fallecidos en residencias y tilda de «engañoso» el documental '7.291' que va a emitir TVE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sacado toda la artillería para combatir la campaña de la izquierda que la responsabiliza de los ancianos fallecidos en las residencias durante la pandemia y que este jueves llegará a su apogeo con la emisión en TVE del documental '7.291'.

El Ejecutivo ha distribuido un documento «ante la campaña de la izquierda y la ultraizquierda» en el que tilda de «engañoso» ese documental porque utiliza datos falsos. En concreto, la Comunidad de Madrid asegura que el número de fallecidos en residencias que agita la izquierda, 7.291 —número que da nombre al documental—, fue «un invento del entonces consejero del ramo, Alberto Reyero», quien, recuerdan, «tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz».

«Nunca hubo protocolos firmados por políticos, ni discriminación», esgrime el Ejecutivo de Ayuso, que sentencia que el «número real de fallecidos en residencias fue de 4.100, y nunca porque no se les ayudara».

Para Díaz Ayuso, la emisión de ese documental entra dentro de la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y la izquierda de «utilizar el dolor para sus intereses políticos». Desde Madrid censuran que ese largometraje se centra únicamente y de manera «sesgada y politizada» en la gestión de la Comunidad, algo que el Gobierno regional considera «intolerable».

Por ello, en el citado documento, recuerda todas las medidas pioneras que Madrid puso en marcha para combatir el virus, mientras que, a su juicio, la gestión del Gobierno central, con un Salvador Illa como ministro de Sanidad «superado» por la situación, fue «descontrolada» y «siempre a remolque de las decisiones aplicadas en Madrid».

Díaz Ayuso recuerda que el Ejecutivo central mintió sobre un comité de expertos que nunca existió y, en vísperas de la pandemia, pronosticó que «sólo habría dos o tres casos». «Todo en el Gobierno central era un descontrol. Fue el vicepresidente Pablo Iglesias, quien se definió como el escudo social contra la pandemia. Nunca dio ninguna explicación», lamenta.

Volviendo a la cuestión de las residencias, el documento rememora que la Justicia española ha archivado ya más de 60 casos sobre las residencias de mayores durante la pandemia durante la primera ola del covid. Ante esa «sucesión de varapalos se crea un tribunal popular, autoproclamado por destacados miembros o simpatizantes de la izquierda con el objetivo de construir un relato falso ante las continuas sentencias judiciales en contra de sus intereses partidistas».

Un tribunal constituido por Fernando Lamata, político y alto cargo sanitario con Gobiernos del PSOE; Eduardo Ranz, antiguo candidato para liderar el PSOE madrileño; José Antonio Martín Pallín, fundador de Izquierda Unida y miembro del PCE; María Victoria Zunzunegui, activista vinculada a Unidas Podemos; Anna Freixas, escritora feminista de izquierdas; Cristina Monge, asesora nombrada a dedo por Pedro Sánchez para un grupo de análisis y Fernando Flores, cargo de confianza en ministerios de Gobiernos del PSOE y alto cargo en Gobierno autonómico socialista.

Por otra parte, el documento también asegura que «por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas» y declara que esas familias deben saber que en la Comunidad de Madrid están «a su entera disposición».