Madrid espera el fin de la investigación en la Policía por fraude de horas

Inma Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y también vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, ha explicado que la investigación por un presunto fraude en el cobro de horas extras en la unidad de Policía Municipal «está bastante avanzada». Así ha detallado la información desde la presentación de un estudio sobre la «soledad no deseada» entre jóvenes después de que El Mundo desvelara que es Asuntos Internos quien está investigando este presunto fraude.

«En función de las conclusiones a las que llegue esa investigación se tomarán las medidas adecuadas. Si hubiera cualquier tipo de fraude por supuesto que se sancionará de la manera que establece nuestro reglamento e incluso podría haber otras derivadas desde el punto de vista judicial», ha advertido la delegada.

La comisaría de Centro Sur está formada por más de 300 agentes. Uno de los antiguos sargentos ya ha declarado en Régimen Disciplinario para contar su versión sobre los pagos en horas extras. Estos pagos podrían haber sido de 100.000 euros brutos al año, es decir, nóminas mensuales de entre 8.000 y 9.000 euros.

Esta investigación comenzó en el mes de septiembre de 2023, y ahora mismo, Asuntos Internos ya tiene suficientes pruebas inculpatorias contra un subinspector que el pasado miércoles 7 de febrero fue citado a declarar por el Departamento de Régimen Disciplinario de la Comisaria Principal de Régimen Interior de la Policía Municipal.

Según fuentes sindicales de la Policía Municipal el susodicho ya estuvo investigado por prácticas irregulares en el servicio, además de los mismo hechos por los que ha sido citado en la actualidad, pero en el 2018 sin una conclusión o sanción disciplinaria.

Estas fuentes sindicales afirman que están dándose fuertes represalias contra los policías básicos, generando un mal ambiente de trabajo y, repercutiendo, por tanto, en el servicio de la unidad. Varios de los mandos investigados amenazan con «tirar de la manta en el caso de que sean castigados de forma injusta»

Cuando acabe la investigación si se aprecian presuntos delitos de fraude, falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación, las personas implicadas podrían acarrear penas de prisión e inhabilitación para cargo público.

Han sido varios mandos los que han tenido que citaciones para declarar y así comprender que irregularidades son las que están sucediendo.