La ideológica ley de familias, que contempla hasta 16 modelos, sigue estancada tras seis meses en el Congreso

La ley de familias sigue en tramitación. Continúa en este estado desde el pasado 28 de febrero, cuando se aprobó el borrador en el Consejo de Ministros. Tras seis meses, diversas asociaciones, como Mujeres por la Paz o Familias Diversas, han denunciado que se encuentra «estancada». El Congreso ha ido retrasando la fase de enmiendas y finalmente se prevé que vea por fin su final el próximo 25 de septiembre.

No ha habido explicación a este suspense, pero desde la Federación Española de Familias Numerosas creen que «han preferido esperar a que pasaran semanas de mucha negociación que podían condicionar el debate y aprobación de algunas leyes como esta», en referencia a los procesos electorales celebrados en Galicia, País Vasco y Cataluña. Las Familias Numerosas denuncian también que la demora de la ley de familias afecta sobre todo a los núcleos de cuatro hijos, que podrían pasar a ser familia numerosa especial y mejorarían los beneficios de los que disponen.

El borrador de la norma es heredado del tiempo de Ione Belarra a los mandos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La cabeza actual de esta misma cartera, Pablo Bustinduy, de Podemos, admitió que el texto de secretaria general de la formación morada no había sufrido ningún cambio tras meses de abandono hasta que se formó el nuevo Gobierno tras las elecciones del 23 de julio de 2023. Nueve meses después, Bustinduy explicó que el tiempo de los cambios será durante la negociación en el Congreso.

Uno de los puntos calientes del texto eran los 16 de tipos de familias que se tipificarían en la ley, de los que, en cambio, no queda rastro en el proyecto publicado el pasado 8 de marzo en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. Aunque sí se menciona que existen distintos modelos familiares, no se específica cuáles serán ni su definición. En principio se contemplaban tipologías

Otra de las cuestiones que más tensión generaron sobre la ley de familias fue la prohibición del pin parental, que impedía a padres y tutores bloquear el acceso a contenidos sobre diversidad familiar. No obstante, fue eliminada del proyecto a sugerencia del Consejo de Estado. Esta misma institución publicó un informe, que había sido encargado por el Gobierno, en el que incidía en que los «preceptos» que se emplean en el borrador podían generar «dudas». Añadían que se utilizan «expresiones y términos poco concretos» –del estilo de «parentalidad positiva» o «entorno afectivo»– que son susceptibles de «generar una quiebra del principio de seguridad jurídica». En definitiva, «el anteproyecto contiene una regulación cuanto menos confusa», argumentaba el Consejo de Estado.

El otro informe encargado por el Ejecutivo sobre la ley de familias al Consejo General del Poder Judicial recalcaba ya en 2023 que «rebasa el marco constitucional y crea inseguridad jurídica y desigualdad entre los destinatarios de las medidas de protección». Ambas instituciones, lejos de apoyar la iniciativa, ya advirtieron de que se trataba de una norma ideológica.

La norma equipara las parejas de hecho a los matrimonios y las familias «monomarentales» —término no recogido por la RAE— a las numerosas. De estas últimas, no se conoce todavía si su nombre y su título, el de las familias numerosas, permanecerá o será borrado y sustituido por «Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza». Ya en marzo de 2024, el ministro de Derechos Sociales se mostró abierto a recuperar la denominación que representa a 800.000 familias en España. A este punto de la ley se oponen 9 de cada 10 familias numerosas, según una encuesta realizada por la federación que las engloba a todas. El 95 % de ellas solicita que se mantenga su título como reconocimiento social a este colectivo.

En su día, desde Derechos Sociales se informó de que se solicitaría que la ley fuese tramitada por la vía urgente, pero sigue en proceso de aprobación desde noviembre de 2022. El suspense continúa aunque se han ido poniendo en práctica algunos beneficios que se contemplan en el proyecto, como el permiso de ocho semanas para padres con hijos menores de 8 años, el de 5 días para cuidado de un familiar o los 15 días naturales por registro de pareja de hecho a modo de luna de miel.