El escándalo del millón de Larache: 300.000 pesetas mensuales acabaron en bolsillos privados

Hace cien años, en junio de 1923 se vio la apelación de uno de los escándalos más graves que se produjeron en el Protectorado de Marruecos. En concreto, el 12 se celebró el juicio que atrajo la atención generalizada de los españoles. Se revisaban unos hechos suficientemente importantes como para atraer la atención nacional. Pero se añadió una intención política que hizo del caso un ejemplo de un estado de corrupción generalizada y desviación de dinero organizada por el Ejército español en Marruecos.

Los hechos fueron conocidos después del Desastre de Annual, en un ambiente hostil a la intervención militar en Marruecos. Indalecio Prieto había ofrecido unas duras diatribas en el Congreso de los Diputados, presentando un panorama de abandono del soldado que iba mal equipado y peor preparado, y un clima de corrupción absoluta de los militares encargados de la administración colonial en el que el dinero desaparecía de las arcas públicas para, en vez de invertirse en los gastos presupuestados, acabar en los bolsillos privados.

Hay que señalar que las normas de contratación, que eran de 1904, eran estrictas y que se necesitaba firma del ministro para compras superiores a 125 pesetas. ¿Cómo se eludían? Con facturas en blanco, justificando indebidamente pagos, etc. Lo que se hacía en el Parque de Larache está documentado: reducir la ración de paja y cebada de los caballos en campaña, leña que se corta en el campo y figura extraída de los depósitos de Intendencia, recibos por mayor cantidad de la realmente obtenido en las ventas, etc. Lo hacían los oficiales de común acuerdo y se repartían los beneficios mes tras mes.

Para ellos era un ingreso considerable que superaba los sueldos y se transmitía de unos a otros como un secreto de conspiradores. Pero el dinero fácil, por mucho que se fraguara una conspiración de silencio, se gasta alegremente en timbas y cabarets delante de muchos testigos que sospechan que las cantidades no se corresponden con los salarios de los derrochadores.

Se destapa el escándalo

Los hechos ocurrieron en el Parque de Intendencia de Larache. Los militares destinados allí, falseando la contabilidad, se repartían unas trescientas mil pesetas mensuales con arreglo al empleo y según unas escalas establecidas por los interesados. La repercusión que tuvo el asunto fue aprovechada oportunamente por el joven periodista residente en Larache Rafael López Rienda.

Era entonces director del Diario Marroquí de aquella ciudad y corresponsal de El Sol en Marruecos. En 1922 publicó El escándalo del millón de Larache, que resumía lo que había pasado y sus circunstancias, aunque no recogía el juicio y la sentencia. Para él, este episodio era solo la culminación ante la opinión pública de las anormalidades administrativas que en Marruecos venían saliendo a la luz pública con una desoladora frecuencia. Fracasos morales que habían contribuido al desastre militar y que exigían la más radical cirugía. Uno de los implicados, el capitán Jordán, había estado dos meses de licencia en España y al volver comprobó que no le habían guardado las ocho mil pesetas que le correspondían.

Los compañeros, con los que no tenía buenas relaciones, no le dieron su parte. Así que Jordán quiso arreglar las cosas a su modo. El millón largo de pesetas que se le entregó como depositario para las atenciones del Parque de Intendencia del mes de septiembre de 1921, lo guardó pensando en quedárselo y pedir el retiro. No le salieron las cosas bien y acabó denunciado, preso y el millón encontrado en poder de un encargado de un negocio de automóviles llamado Gargallo. Fue condenado en consejo de guerra en Larache y, en 1923, se revisó el caso ente el Consejo Supremo de Guerra y Marina.

El capitán Jordán, enfadado por lo que consideraba una merma en su parte, sustrajo el millón e hizo chantaje a los compañeros: lo debían ocultar en la contabilidad con los ardides habituales a cambio de su silencio. El pastel se descubrió. El juez instructor teniente coronel Lombarte hizo lo posible para recuperar el dinero. Se personó en el parque de Intendencia para revisar los libros de contabilidad.

Jordán no guardó la cautela como un delincuente profesional hubiera hecho. Se prodigó en confidencias y detalles, pero no devolvió el dinero en un primer intento de apropiárselo. Al final de su tozudez, sin poder aguantar la presión, confesó donde escondía el dinero.

Acusado de delito de estafa

A partir de ahí, todo fue una larga cadena de búsquedas e investigaciones que no llevaban a ninguna parte, como si se quisiera echar tierra encima y olvidar el asunto. Es verdad que se cambiaron las normas de contabilidad y la de contratos, pero la tragedia de Annual estaba muy cerca y había revuelto mucho el ambiente político. Los militares no querían que se hiciera una causa general sobre su actuación en Marruecos. En 1923, cuando se ve la causa en Madrid, Primo de Rivera dio el golpe militar provocado, entre otras causas, por los sucesos de Marruecos.

Al capitán Jordán se le condenó en primera instancia por un delito de estafa. Cuando los hechos se elevaron al Consejo Supremo de Marina y Guerra, el abogado defensor fue Manuel Rodríguez Piñero, que hizo una defensa muy jurídica y técnica precisó que el condenado había devuelto todo y que si no lo hizo antes fue porque se hallaba sumido en una grave crisis nerviosa. Después trató de demostrar que su defendido actuó de manera irregular dentro de una administración embrollada y defectuosa, por lo que no hubo dolo. Y que retuvo la cantidad para protegerse frente a los compañeros. Que para que su conducta pudiera ser tipifica de estafa la acción faltaba el engaño, ya que obtuvo la cantidad por su cargo de depositario, y que para que se calificara de malversación, faltaba la sustracción puesto que devolvió la cantidad. No valieron los argumentos. El capitán Manuel Jordán Pérez fue condenado a veinte años por malversación. Y su caso ha quedado como un ejemplo de corrupción colonial.