La persecución religiosa a partir de 1936: la diplomacia extranjera salvó miles de vidas durante la Guerra Civil
Los diplomáticos extranjeros acogieron a 11.130 personas de ambos sexos y edades bajo su protección, aunque hubo también refugiados clandestinos. De ellos, 394 fueron miembros del clero
En los años treinta, el panorama político español no presentaba un arco parlamentario bipartidista sino todo lo contrario, al existir una gran cantidad de partidos políticos en la Segunda República. Sin embargo, muchos se unieron formando candidaturas en las elecciones de febrero de 1936. El abanico de partidos izquierdistas se unió con el «pegamento» del anticlericalismo y del antifascismo, lo que conllevó un aumento peligroso de la tensión social, pues, todos aquellos españoles que no votaran al Frente Popular –según sus líderes e ideólogos– serían fascistas o peligrosísimos clericales. Es decir, la mitad de España, lo que justificó la violencia contra los derechistas y católicos a partir de la primavera trágica del 36 y durante toda la Guerra Civil.
El 8 de agosto de 1936, el comunista Andrés Nin pudo manifestar que «había muchos problemas en España... El problema de la Iglesia... Nosotros lo hemos resuelto totalmente, yendo a la raíz: hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto». Unos meses más tarde, José Díaz, líder del Partido Comunista de España, afirmaba el 5 de marzo de 1937 que «en las provincias en que dominamos, la Iglesia ya no existe. España ha sobrepasado en mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia está hoy día aniquilada».
Y, realmente, así lo parecía ante la mayor persecución desatada contra ella en toda la Historia de España. No obstante, subsistió todavía en los territorios que no se encontraron dominados por las tropas republicanas mientras una Iglesia de Catacumbas intentaba sobrevivir en la zona adversa.
Esa persecución motivó que numerosos diplomáticos extranjeros decidieran acoger y proteger a católicos y miembros de clero. Por ello se abrieron las puertas de Legaciones, Embajadas, edificios anexos, sobre todo en Madrid, Zarauz, Valencia, Alicante y Barcelona, ciudades donde se instalaron, por avatares de la guerra, las mismas. Pero también decidieron los Consulados ampliar el derecho de asilo, otro hecho singular y fuera de lo común en la historia diplomática conocida hasta el momento.
La diócesis de Madrid-Alcalá, tuvo 435 víctimas entre el clero secular, el 38,8 % del total, y superó el 10,3 % del total de asesinados en España
La principal aplicación del mismo se produjo en Madrid, pero también se acogió a un número más pequeño de refugiados en ciudades levantinas, puntos principales de embarque en buques extranjeros de las expediciones de evacuación de asilados, que partieron de la capital. No debe olvidarse que la diócesis de Madrid-Alcalá, tuvo 435 víctimas entre el clero secular, el 38,8 % del total, y superó el 10,3 % del total de asesinados en España, siendo la que mayor número –en cifras absolutas– ofreció de sacerdotes sacrificados, seguida de Valencia con 327 víctimas. Si unimos clero secular y regular, en la diócesis madrileña se asesinó a 962 personas, el número no resulta, desde luego, despreciable.
Iglesias, conventos y colegios fueron atacados, quemados, ocupados o incautados sin necesidad de comprobar la veracidad de las acusaciones
El 27 de julio de 1936 un decreto del Ministerio de Instrucción Pública ordenó la incautación de los centros de enseñanza y edificios sacros regentados por religiosos que «hubieran tenido relación directa o indirecta» con el alzamiento militar. Ambigua redacción que originó toda clase de desmanes y violencias, puesto que legalizó la persecución religiosa sin necesidad de comprobar la veracidad de las acusaciones: iglesias, conventos y colegios fueron atacados, quemados, ocupados o incautados.
Tras su saqueo, las milicias de izquierdas los convirtieron en cuarteles, cárceles, almacenes, checas o centro de organizaciones del Frente Popular. Paralelamente, la celebración de cultos religiosos fue prohibida en la mayor parte de esa España, situación que tuvo su refrendo legal por el decreto republicano de 17 de octubre siguiente.
Oficialmente, los diplomáticos extranjeros acogieron a 11.130 personas de ambos sexos y edades bajo su protección, aunque hubo también refugiados clandestinos. De ellos, 394 fueron miembros del clero, aunque no todas las Legaciones y Embajadas les acogieron. Según datos oficiales, salvaron a clérigos y monjas las representaciones de Alemania, Bélgica, Brasil, República Dominicana, Italia, México, Paraguay, Panamá, Perú, Polonia, Rumanía, Suecia, Uruguay y Yugoslavia, destacando las de Francia, Cuba, Chile, Noruega y Turquía. Algunos de sus funcionarios ayudaron, con riesgo de perder su vida, al mantenimiento del culto católico clandestino y a su conexión con la Iglesia en la zona nacional.
Las autoridades de la España republicana negaron el permiso de salida de su territorio –según la coyuntura diplomática con cada país– generalmente a militares profesionales y clero. Igualmente, revisaron minuciosamente la lista de mujeres y las de hombres en edad militar, pues no deseaban enviar soldados a la España nacional.
Al haberse apoderado de los archivos de los principales partidos de derechas, la policía y el aparato represivo republicano pudieron averiguar la filiación política de numerosos refugiados, como así señalaron en sus informes al Ministerio de Estado, subrayando también la pertenencia de algunos asilados a Acción Católica, equivalente en gravedad –según su opinión– a su pertenencia a un partido derechista. Ello demuestra la persecución a seglares católicos que durante la Segunda República habían intentado impulsar la asociación más importante para la recristianización del mundo en opinión del Papa Pío XI. Los funcionarios del Ministerio de Estado debían, a la vista de esos informes, decidir si permitían la evacuación de esas personas o la negaban.
Esta persecución religiosa fue conocida en el mundo a través del Cuerpo Diplomático extranjero –entre otras fuentes–, y parte importante del mismo no dudó en asilar a católicos y clero para evitar su asesinato, lo cual motivó –entre otros factores– el desprestigio internacional de la España republicana para numerosos Gobiernos extranjeros y, en otros, la creación de una losa de recelo hasta su derrota en 1939.